El Gobierno de Trump anunció una nueva política que efectivamente destruye el derecho de asilo para los refugiados de América Central. A partir de ahora, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) comenzará a expulsar a los refugiados no mexicanos tan pronto como hayan presentado la solicitud de asilo después de cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México. Serán deportados inmediatamente a México en lugar de que se les permita permanecer en los Estados Unidos en espera de la adjudicación de sus solicitudes de asilo.

El Gobierno mexicano, siguiendo sus órdenes de Washington, no se opondrá a estas deportaciones ni iniciará ninguna acción legal contra Estados Unidos por una política que viola el derecho internacional de forma flagrante. Su única concesión a los refugiados es que México no los confinará en campos de detención de estilo estadounidense.

Los solicitantes de asilo estarán "libres" para compartir las miserables condiciones de vida en los barrios empobrecidos de ciudades fronterizas devastadas por la violencia como Tijuana, Juárez, Laredo y Matamoros. Cientos de miles de inmigrantes empobrecidos, incluidos niños, se verán obligados a vivir en barrios marginales improvisados y en campamentos de carpas.

La nueva política es un ataque histórico sin precedentes contra los trabajadores y campesinos centroamericanos que escapan de la violencia y la desigualdad causada por décadas de intervención imperialista y explotación corporativa por parte de los EUA.

Estados Unidos nunca antes había denegado el derecho democrático a buscar asilo para tantas personas de una vez.

La política se anunció el mismo día en que el presidente Trump dijo que no firmaría una nueva resolución continua para financiar cerca de una cuarta parte del Gobierno federal ya que no incluía la asignación de $5 mil millones para comenzar la construcción a gran escala de un muro a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos.

La resolución, aprobada por el Senado el miércoles por la noche, habría retrasado el plazo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional y otras ocho agencias y departamentos federales desde la medianoche del viernes 21 al 22 de diciembre hasta el 8 de febrero. Inicialmente, los funcionarios de la Casa Blanca indicaron que Trump firmaría la resolución continua una vez que se aprobara en la Cámara de Representantes, pero Trump cambió de parecer el jueves por la mañana luego de una protesta de grupos antiinmigrantes y comentaristas de la extrema derecha en Fox News, preparando el escenario para un cierre parcial del Gobierno.

A medida que Trump se ve sometido a una mayor presión por parte de las investigaciones dirigidas por el Partido Demócrata sobre corrupción y las violaciones de financiamiento de campañas, el Gobierno está persiguiendo más agresivamente una base xenófoba y fascista a la que Trump puede apelar para apuntalar su Presidencia cada vez más impopular

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, anunció la nueva política de asilo el jueves por la mañana y declaró: "Hoy estamos anunciando medidas históricas para controlar la crisis de inmigración ilegal".

Luego, denigró a los solicitantes de asilo llamándolos fraudes y delincuentes: “Los extranjeros que intenten engañar al sistema para ingresar ilegalmente a nuestro país ya no podrán desaparecer en los Estados Unidos, donde muchos se saltan sus citas en la corte. En cambio, esperarán una decisión de la corte de inmigración mientras estén en México. La ‘captura y liberación’ se reemplazará por ‘captura y retorno’. Al hacerlo, reduciremos la migración ilegal eliminando uno de los incentivos clave que alienta a las personas a emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos en primer lugar ".

Este "incentivo clave" que el Gobierno está "eliminando" es el derecho democrático al asilo. La política se calcula de manera cruel para aterrorizar a los inmigrantes a quedarse en América Central en lugar de buscar su derecho legal de asilo en los Estados Unidos. Como resultado, innumerables personas morirán a manos de sus perseguidores en sus países de origen.

Cada vez más, EUA están convirtiendo en un Estado paria donde no se aplican el debido proceso ni el derecho internacional. Estas políticas, diseñadas principalmente por el asesor fascista de Trump, Stephen Miller, están allanando el camino para la violencia estatal a gran escala contra la población inmigrante, como lo demostró el motín policial de este mes contra inmigrantes en el cruce fronterizo de San Ysidro, cerca de San Diego.

La medida transformará aún más la frontera entre Estados Unidos y México en tierra de nadie, asemejándose a la frontera entre Israel y Gaza, donde el ejército israelí y los guardias fronterizos se mantienen practicando con sus rifles contra trabajadores empobrecidos y desesperados que carecen de acceso a agua, vivienda, atención médica y electricidad.

"Vas a tener cientos de miles de migrantes en México por años sin recursos, sin red de seguridad social, sin sistema", dijo Adam Isacson, de la Oficina de Washington para América Latina, al Financial Times .

Muchos de ellos serán asesinados por los carteles de la droga que dominan estas ciudades o morirán de enfermedades. El fin de semana pasado, dos adolescentes refugiados que viajaron desde Honduras como parte de la caravana de migrantes fueron apuñalados a muerte en Tijuana por criminales. Más miembros de la caravana se han enfermado gravemente como resultado de haber vivido durante largos períodos de tiempo en condiciones miserables e insalubres que el Gobierno mexicano ha hecho poco para mejorar.

Aunque, Estados Unidos afirma que les permitirá a los inmigrantes solicitar asilo desde México, la medida eviscera gran parte del proceso legal que quedaba en el sistema judicial de inmigración.

Los inmigrantes no tendrán acceso suficiente a abogados de inmigración estadounidenses como para luchar por sus casos y, como no podrán comparecer ante tribunales, es probable que los migrantes tengan que participar en sus propias audiencias por video o por teléfono. Dado que el derecho al debido proceso generalmente solo se activa cuando un inmigrante se encuentra en territorio estadounidense, no se sabe qué implicarán estas audiencias de asilo falsas.

El número de casos de asilo aprobados disminuirá precipitadamente y, como resultado, muchos morirán a manos de sus perseguidores, una vez que sean deportados a sus países de origen.

La Administración de Trump está citando como justificación legal una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) que establece una “expulsión acelerada” (es decir, deportación inmediata) para los inmigrantes capturados cerca de la frontera poco después de ingresar. Esta disposición fue promulgada a través de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA) de 1996 con el apoyo activo del Partido Demócrata.

La IIRAIRA fue aprobada inicialmente por una mayoría abrumadora en ambas cámaras del Congreso y luego fue promulgada oficialmente en un proyecto de ley de gastos de defensa con un apoyo abrumador de los demócratas. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado sin oposición. Los votos a favor en la Cámara de Representantes incluyeron a Bernie Sanders y Charles Schumer, ahora líderes senadores estadounidenses, y los tres principales legisladores demócratas en la cámara baja actualmente, Nancy Pelosi, Steny Hoyer y James Clyburn.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desempeñado un papel criminal en este arreglo, exponiendo la bancarrota del populismo de izquierda y el nacionalismo.

La política de asilo prácticamente convierte al Gobierno mexicano en el departamento sur de la CBP y al Gobierno de AMLO en un cómplice en hacer cumplir el ataque del imperialismo estadounidense contra los inmigrantes.

En una declaración que anunciaba su consentimiento a una política que efectivamente negaría el derecho de asilo de los inmigrantes, la Administración de AMLO empleó su lenguaje cínico característico, comprometiéndose a dar "el debido respeto a sus derechos humanos".

El equipo de transición de AMLO inicialmente había negado la existencia de un acuerdo explícito con la Administración de Trump, cuando los detalles iniciales fueron publicados por primera vez en noviembre por el Washington Post. Ahora, la nueva propuesta de presupuesto de AMLO para el próximo año incluye un recorte del 20 por ciento para la financiación de ayuda a los refugiados. El Post señaló que "el nuevo presidente ha hablado durante mucho tiempo sobre la necesidad de respetar los derechos de los migrantes, pero muchos en México vieron su anuncio del presupuesto como una señal de sus prioridades".

A cambio, el Gobierno mexicano recibió promesas de varios miles de millones de dólares en inversiones, la mayoría de las cuales ya se habían comprometido, que la burguesía mexicana utilizará para desarrollar partes del sur de México en plataformas de hiperexplotación a manos de las corporaciones estadounidenses. Durante la campaña electoral de este año, AMLO prometió establecer "zonas económicas especiales" en el sur empobrecido para impulsar la interdependencia económica entre los Estados Unidos y México.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de diciembre de 2018)