Una huelga general detuvo prácticamente a todo Panamá el lunes, reflejando el crecimiento de la ira social hacia el aumento planeado en las tarifas de electricidad y los continuos ataques contra los niveles de vida de los trabajadores.

Las protestas, barricadas y enfrentamientos violentos con la policía desde la semana pasada forzaron al Gobierno conservador del presidente Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, a pedir el lunes “paz social” y suspender un aumento del 8,4 por ciento en los precios de la luz para hogares que consuman más de 300 KWh.

Pese a afirmar que la Asamblea Nacional debatirá un desembolso suplementario de $300 millones que cubriría los $60 millones solicitados para costos eléctricos, Varela advirtió, “de no aprobarse la dispensa fiscal… se verán afectadas otras áreas de funcionamiento del Estado.” En otras palabras, el Gobierno se asegurará de que la clase obrera pague, sea por medio de un aumento tarifario, impuestos regresivos futuros, recortes sociales o ataques contra los trabajadores del sector público.

La ley de responsabilidad fiscal dictada por el Fondo Monetario Internacional siendo discutida por la Asamblea ya se espera que reduzca el déficit público a 1,5 por ciento. Según una misión del FMI el mes pasado, esto requerirá que el Gobierno “detenga el crecimiento en los gastos actuales para proveer un espacio adicional para un gasto público necesitado estratégico”. Una de las explicaciones para el aumento en la tarifa eléctrica que ha dado la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) es que el Gobierno necesita cubrir los costos de una línea de transmisión construida recientemente. Después de la construcción de la tercera línea de transmisión del país en octubre del año pasado, el presidente Varela y ETESA prometieron tarifas más bajas para los usuarios.

Sin embargo, ahora se están refiriendo a sus “compromisos” con las empresas de construcción y las firmas privadas que controlan la distribución y generación de electricidad. Varela también culpó el aumento en los precios de petróleo.

Junto a 17 otros sectores de trabajadores, más del 90 por ciento de los docentes panameños participaron en una huelga de 24 horas contra el aumento. Esto se produjo después de una serie de huelgas de maestros en marzo y abril protestando el no pago de beneficios y exigiendo un aumento en el presupuesto de educación pública a 6 por ciento del producto interno bruto.

El sindicato magisterial ASOPROF y el del sector de la construcción SUNTRACS están teniendo cada vez más dificultades para contener el crecimiento en la militancia en la clase obrera.

Los trabajadores de la construcción, quienes producen una sexta parte del PIB panameño, realizaron una huelga de cuatro semanas exigiendo un aumento salarial del 60 por ciento, mientras que el sindicato ofrecía un 44 por ciento y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) demandaba un 4 por ciento. Después de las protestas del lunes, los trabajadores de la construcción han realizado marchas masivas en el centro de la Ciudad de Panamá, donde miles se les han unido en los cortes de ruta y mítines.

SUNTRACS aisló exitosamente la huelga sin obtener el aumento salarial y la finalizó prácticamente deteniendo el pago de estipendios para la huelga. Sin embargo, el enojo en torno a los aumentos tarifarios les ha dado un nuevo impulso a las demandas de los trabajadores y a las denuncias contra el sindicato.

El martes, los trabajadores condenaron un video publicado en la página de Facebook de SUNTRACS en la que el actual secretario general del sindicato, Saúl Méndez, promete emprender una lucha contra el incremento en la tarifa eléctrica. Un trabajador lo llamó un “ladrón” y lo culpó por “vender esta huelga”. Otro trabajador declaró: “Lírica y más lírica, algo que parece bueno, pero disfrazado de piedad con el fin de seguir con el mismo sistema”.

Comentando sobre las consecuencias de las tácticas de desmovilización del sindicato, otro obrero publicó más temprano en la semana, “Desgraciados, es su culpa que ahora están despidiendo. Esa huelga fue un engaño”.

Un representante sindical que defendía el rol de SUNTRACS en línea, Francisco Almengor, fue preguntado por el WSWS sobre estas críticas. “No es hacia el sindicato… Ciertos representantes sindicales no están ejerciendo su labor de la manera correcta y se doblegan a los intereses de las empresas”, indicó y añadió, “sabemos que las empresas tienen su política y se respeta eso”.

Como parte del crecimiento de la lucha de clases en Panamá, los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) comenzaron una huelga indefinida que involucra al 70 por ciento del personal o 2.100 trabajadores. Están demandando una nueva fórmula salarial y el pago de $6 millones en prestaciones pendientes.

IDAAN es ampliamente odiado por cortarle el servicio a alrededor de 4.000 hogares cada mes por atrasarse en sus recibos, denegándoles su derecho a agua potable.

Los ataques contra los trabajadores de IDAAN y contra los hogares más empobrecidos son parte de una política deliberada para quebrar y privatizar el sistema de provisión y manejo de aguas. Tales esfuerzos han estado en marcha desde que el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares (PRD) tuvo que posponer la privatización del agua debido a protestas masivas. La lista de proyectos del 2018 publicada por la Administración de Varela incluye la inclusión de una empresa privada en la junta directiva del IDAAN y la “implementación de una nueva estructura legal y operativa que garantice su operación como una empresa pública modelo y eficiente”.

La transformación del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) en siete empresas privadas para la generación y distribución de energía por parte de la Administración de Balladares en 1997 siguió un camino similar, con el Gobierno afirmando que la utilidad estaba en la bancarrota y que el Estado no podía costear las inversiones necesarias en infraestructura. Ahora, los trabajadores y consumidores están viéndose obligados a incurrir el costo entero de la nueva infraestructura y las conmociones internacionales de los precios, además de las ganancias e intereses para las empresas de construcción y eléctricas, junto a los bancos que proveyeron los créditos para estos proyectos.

Desde este periodo, las telecomunicaciones, los puertos, las vías férreas, las refinerías de azúcar, las empresas cementeras y otros sectores han sido privatizados, transformando miles de puestos con salarios decentes y beneficios en mano de obra superexplotada y precaria.

Los principales partidos de oposición han buscado encauzar el enojo detrás de sus propias agendas reaccionarias. Ante las elecciones de mayo del 2019, Zulay Rodríguez, la precandidata presidencial del derechista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y actualmente la favorita en las encuestas y la más promovida por la prensa corporativa, ha avanzado el denominador común más bajo de populismo antielitista y anticorrupción.

El miércoles, introdujo un proyecto de ley en el Congreso con demandas demagógicas como aquellas propuestas por el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo recortes a salarios, beneficios y gastos para altos oficiales del Gobierno.

Ninguna de estas propuestas tiene la intención de atender las desesperadas condiciones económicas de la clase obrera panameña. Pese a haber tenido el mayor crecimiento económico de América Latina durante la última década—impulsada por inversiones inmobiliarias, comerciales y financieras, junto con la reciente expansión del canal—la desigualdad también ha incrementado rápido. El año pasado, el Banco Mundial incluyó a Panamá en el top 10 de países más desiguales del mundo, donde una de cada cuatro personas no tiene acceso a servicios de salud y una de cada cinco vive por debajo de la línea oficial de pobreza.

Según el reporte de Wealth X en el 2012, 115 millonarios en el país poseen colectivamente una riqueza de $16 mil millones, casi la mitad del PIB de ese año. Es precisamente esta oligarquía financiera local e, incluso de mayor forma, los intereses financieros en Wall Street y Europa, los que definen las políticas del Gobierno y de los sindicatos.

Ante un crecimiento cada vez más amplio de la lucha de clases en Panamá e internacionalmente, la única manera en la que se podrán poner a disposición los recursos necesarios para derechos sociales como corriente eléctrica, agua, una educación de calidad, cuidado de salud, salarios decentes y puestos garantizados es por medio de la expropiación de las fortunas de la élite financiera y de las principales corporaciones y convirtiéndolas en activos públicos controlados democráticamente por la clase trabajadora para satisfacer todas las necesidades sociales.

Esto requiere la formación de comités de base independientes de los sindicatos en todos los centros de trabajo y conectar sus luchas a través de todos los sectores e internacionalmente como parte de la lucha por la revolución socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de julio de 2018)