Al querer imitar la fraudulenta “guerra contra el terrorismo” de George Bush, el Presidente Felipe Calderón y sus partidarios en la prensa están profundamente involucrados en una campaña para sembrar el miedo con tal de intimidar a la opinión pública mexicana para que ésta acepte el proceso hacia un gobierno autoritario y la creciente posibilidad de una intervención por parte de Estados Unidos.

En unos comicios contaminados por acusaciones de fraude, Calderon ganó la presidencia con el margen más pequeño en la historia de México. Resultado: Calderón asumió las riendas del poder en un ambiente de desconfianza y hostilidad. Su contrincante, Andrés Manuel López Orbrador, desafió los resultados por medio de una enorme movilización de millones de personas que espontáneamente ocuparon El Zócalo, plaza central de La Ciudad de Mexico, convirtiéndole en un campamento semi-permanente y bloqueando las zonas más importantes de la ciudad durante varios meses. Pero con gran diplomacia, López Obrador hizo todo lo posible para atar y mantener al movimiento dentro de los límites de la política electoral burguesa. Lo único que exigió fue un recuento completo del voto.

Aterrado por la posibilidad de que podía perder el control de la lucha, López Obrador y su partido, el PRD, liquidaron las enormes mobilizaciones una vez que El Tribunal Electoral Federal, a base de un recuento parcial, declarara a Calderón presidente..

Simultáneamente, una huelga del sindicato de maestros en el estado de Oaxaca pronto se convirtió en una tremenda insurrección que atrajo a grandes sectores de la juventud estudiantil, trabajadores y campesinos. Los manifestantes eventualmente formaron un grupo sombrilla llamado APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), que llegó a controlar el centro de la ciudad por meses. Tal como procediera previamente en la Ciudad de México, el PRD de López Obrador eventualmente trató de cooperar con el PAN (Partido de Acción Nacional) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) para “desaparecer” a todas las organizaciones políticas que surgieron del conflicto, inclusive la más importante de todas, APPO.

México ocupa el cuarto lugar mundial en la cantidad de millonarios que tiene, pero 30 millones de sus habitantes sobreviven con 22 pesos al día ( a penas US$2.00). La desnutrición y el hambre azotan la vida cotidiana de millones de niños. Los estallidos de las insurrecciones civiles del año pasado fueron esencialmente una manifestación de la ira popular ocasionada por las condiciones vida que van empeorando y la poralización social entre las clases. Las insurrecciones hizo temblar a las capas más altas de la clase gobernante de Mexico.

Los políticos de todos los partidos principales — quienes eventualmente incluyeron al PRD de Lopez Obrador — y los medios de comunicación de México se unieron para tratar de neutralizar la creciente radicalización, inundando al público con una red de mentiras acerca del proceso electoral y de la imposibilidad de un completo recuento del voto. Recientemente, esta campaña de metiras se ha transformado en una campaña sistemática para vilificar a López Obrador con tal de castigarlo por la osadía de querer involucrar a las masas en la política.

Aún cuando la popularidad de Calderón comenzaba desvanecer antes de su inauguración, el ex-presidente Vicente Fox se vio presionado para resolver el problema de Oaxaca antes de entregarle las riendas de su gobierno. Una combinación de la PPF (Policía Federal Prentiva) y fuerzas militares fue enviada el octubre anterior para aplastar a la sublevación con el terrorismo.

Luego de terminar las acciones militares de Fox contra el pueblo de Oaxaca — en la que fueron muertos o desaparecidos docenas de personas por su participación en la manifestación politica — Calderon no desperdició nada de tiempo para lanzar la occupación militar total de varios estados mexicanos bajo el pretexto de declarar guerra contra los narcotraficantes.

El sitio de internet Stratfor — basado en los Estados Unidos, que se auto denomina agencia de espionaje privada que sirve de”sombra a la CIA” — aprobó las acciones de Calderón poco antes después de su inauguración en diciembre y escribe que “El dominio del APPO y su miembros pone en relieve el éxito de la Policía Federal Preventiva en contrarresstar al grupo...Calderón ha comprobado que tiene las agallas para gobernar a México y terminar con los conflictos internos, pero Oaxaca es sólo el comienzo”.

“La guerra” de Calderón contra el antiguo y complicado problema socio económico del narcotráfico empezó el 8 de Diciembre, cuando se puso en marcha una serie de acciones contra los carteles narcotraficantes. Per el plan estaba muy lejos de reducir el narcotráfico o proteger al pueblo de la violencia. Más bien las acciones consistieron de un simple despliegue militar en masa a lo largo del país. Según el diario mexicano La Jornada, hasta ahora se han desplegado 23,000 soldados, quienes han recibido instructiones oficiales de “usar toda la fuerza necesaria para resolver los disturbios y regresar la paz a la sociedad”.

Tal como se podía anticipar, las acciones han resultado en un gran aumento de las muertes violentas en las pandillas del narcotráfico, las fuerzas militares y la población civil. Durante los primeros 100 días de su presidencia, La Jornada reportó que los carteles habían ejecutado a 291 personas, la mayoría en los estados norteños de Guerrero, Sinaloa, Baja California y Michoacán, estados que la gran mayoría de las tropas ocupó. Además, las oficinas del fiscal general han reportado que, entre el 1ro. de diciembre, 2007, y el 31 de marzo del mismo, ocurrió un promedio de 225 crímenes diarios, todos relacionados con el narcotráfico. Esta cifra representa un aumento de 40% en comparación al promedio de 2006.

En vez de enfocar el siniestro peligro que estas desastrosas acciones militares significan para los derechos humanos, hasta el punto de bañar al pueblo en sangre, la prensa mexicana y mundial ha presentado reportajes sensacionales y serviles acerca de los tiroteos y los ejércitos secretos de los carteles, tales como “los zeta” (grupo de ex soldados de las fuerzas especiales que aparentemente han formado un ejército mercenario para servir a los carteles).

Por meses los medios de prensa han colaborado con la rama ejecutiva del gobierno mexicano para crear la histeria acerca de la violencia relacionada con el narcotráfico, de la cual Calderón se ha aprovechado para forzar varias propuestas de ley y decretos ejecutivos con el fin de darle mayores poderes al poder ejecutivo y criminalizar todo movimiento social de las masas en oposición a la creciente desigualdad económica y a la corrupción política.

El 9 de Marzo, Bush se reunió con Calderón como parte de su famosa “Gira por América Latina”. Al día siguiente, Calderón anunció que México daría conocer un plan de reforma de la justicia social para expandir los poderes de la policía y adelantar los casos en los tribunales.

El 27 de abril el Senado mexicano aprobó una propuesta general de ley para la reforma conocida como el “paquete antiterrorista. La definición que la propuesta le da al terrorismo es nebulosa: a toda “ persona que utilice... cualquier tipo de violencia para interrumpir la seguridad nacional o presionar las autoridades para hacer una determinación” se le puede acusar de haber cometido el crimen de terrorismo y ser condenado a 40 años de cárcel. Además, toda persona que no revele la identidad o las actividades de un “terrorista” puede ser sentenciada a nueve años de cárcel, y toda persona que amenace con perpetrar el “terrorismo” puede ser condenada a quince años de cárcel.

Al atacar la prensa, las reformas también prohíben a “cualquier persona que publique o distribuya, o permita que otros publiquen o distribuyan fotos o imágenes sin el permiso expreso de las personas quienes aparecen en tales”. Una persona declarada culpable de este crimen puede ser condenada a ocho años de cárcel. Un día después de las reformas ser aprobadas, senadores del PAN y del PRI admitieron que el proyecto de ley podría usarse para criminalizar las manifestaciones contra los males sociales y prometieron enmendarla luego, según La Jornada.

Actualmente, Calderón le insta al Congreso de México que enmiende la constitución nacional para permitirle a los funcionarios del espionaje instalar micrófonos y grabadadoras en los teléfonos sin obtener el permiso de un juez en aquellos casos que el gobierno considere “urgente”.

Una de las primeras personas enjuiciadas bajo las leyes contra el terrorismo es Ignacio del Valle, líder del movimiento social campesino, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en San Salvador Atenco, quien luchara contra las autoridades para prevenir la expropiación ilegal de sus tierras y la construcción de un aeropuerto internacional en 2002 cuyo costo alcanza miles de millones de dólares. Del Valle y su hija fueron acusados de ser terroristas. El padre fue sentenciado a 67 años de cárcel por participar en el movimiento. Tres otros dirigentes del Frente fueron detenidos y encarcelados. Se les prohibió comunicarse con el mundo de afuera por más de un año antes de sufrir penas semejantes.

La primera víctima de las reformas legales fue un disidente político, pero esto no paró ni a Calderón ni a la prensa de seguir repitiendo la mentira que el objetivo de estas medidas tan crueles era luchar contra los carteles narcotraficantes. Tal como sucede con el movimiento hacia el autoritarismo en la política interna de Estados Unidos, los esfuerzos jurídicos de Calderón han recibido el apoyo de la Corte Suprema, que es derechista. La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) anticipó las acciones militares de Calderón en Oaxaca y declaró el año pasado que los militares pueden asistir legalmente a las fuerzas policiacas en cuanto a la seguridad pública se refiere.

En enero, luego de los sucesos en Oaxaca, la Corte también dictaminó que los funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley tenían la autoridad de conducir allanamientos y órdenes de incautación sin orden judicial, sobretodo en “situaciones flagrantes” y a pesar de ser estas acciones una infracción de la Convención Amedricana sobre los Derechos Humanos, adoptada como ley en México y cuya constitución también la prohíbe. El resultado es que casi todo miembro del personal militar puede allanar los hogares, incautar propiedad y detener a individuos sin tener que contestarle a nadie. Y lo puede hacer con tan sólo con sospechar que algo es “flagrante”.

El mes pasado, Calderón lanzó un decreto ejecutivo para organizar y entrenar, en un período de 90 días, a un nuevo ejército basado en la ciudad de México. La nueva fuerza ha sido denominada torpemente como Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. La fuerza ha de funcionar bajo el control directo del presidente y será administrada por el ministro de la defensa nacional (Sedena). El anuncio fue publicado en el periódico oficial del gobierno federal, el El Diario Oficial, el cual indicó que a los soldados se les entrenaría para manejar las “situaciones críticas en las cuales se altera la seguridad social de la paz y del público”. La cantidad de tropas todavía no se ha anunciado, pero se calcula que será en los miles.

El manual de entrenamiento de Sedena declara el propósito de la nueva fuerza: “Quienes alteren o perturben el orden público, se reúnan tumultuariamente, intimiden u obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación y pongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir en el delito de motín y ser blanco de la acción represiva del Estado mediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, agentes químicos y fusiles de precisión.”

¿Plan México?

La “guerra contra el narcotráfico” de Calderón incluye varios llamados a Estados Unidos para que éste intensifique su ayuda y planes de intervención con dinero y apoyo logístico, muy similar a la ayuda prestada a Colombia en su larga lucha contra el “narcotráfico”; es decir, contra los guerrilleros del FARC.

El 22 de enero, Calderón supervisó la extradición de un individuo sospechado de ser dirigente del cártel de narcotráfico en el Golfo de México—Osiel Cárdenas—a las autoridades de Estados Unidos. El Fiscal General de ese país, Alberto Gonzáles, reaccionó a la entrega de Cárdenas— y de otros 15 prisioneros — elogiando la colaboración con entusiasmo, llamándola “sin precedentes en alcance e importancia”.

El 7 de Febrero, funcionarios de la agencia estadounidense a cargo de hacer cumplir las leyes contra los narcóticos y del FBI se reunieron con los jefes de la policía de México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta cumbre, que duró tres días, se celebró en Los Ángeles, planteó la manera de fortalecer los esfuerzos multilaterales contra lo que llaman las “pandillas transnacionales”. El 23 de abril las autoridades mexicanas públicamente le pidieron ayuda a Estados Unidos para ubicar, en el estado de Durango, a una persona sospechada de homicidio; esto a pesar de que la policía local había perdido al sospechoso a casi 500 millas de la frontera entre los EE.UU. y México. Por fin, a principios de mayo, Calderón anunció que México había comenzado a colaborar con los EE.UU. para detectar dentro de ese país a compradores de armas mexicanos.

El 27 de abril, el periódico Los Angeles Times divulgó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos le había facilitado a Calderón $3 millones para la instalación de un nuevo sistema para la intercepción de las comunicaciones. El sistema le permitirá a Calderón comenzar su propio programa que espionaje interno. Susan Pittman, de las Oficinas de los Asuntos y Leyes Internacionales sobre los Narcóticos, que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, le declaró al corresponsal del Times, que el sistema “es una actividad del gobierno de México financiada por los EE.UU.” El contrato dispone que el sistema se ha diseñado para permitir que ambos gobiernos “intercambien la información oportuna, precisa y accionable entre los socios federales, estatales, locales, privados e internacionales de cada país”.

Estas acciones colectivas muestran que la participación creciente de Estados Unidos que va desarrollándose toma lugar al mismo tiempo que surge una campaña para imponer medidas de seguridad que forman parte de la legislación sobre la inmigración que ahora se debate en Estados Unidos. El proyecto de ley que se ha propuesto requiere un aumento en 100% de los patrulleros fronterizos y la creación de una enorme cárcel en la frontera en la que en cualquier momento puedan caber 30,000 presos. Dado que el deseo de Calderón es convertirse en socio menor de Washington en “la guerra global contra el terror”, estas medidas podrían fácilmente adaptarse para formar un nuevo eslabón en la cadena internacional de calabozos estadounidenses en los que puedan desaparecerse los presos políticos mexicanos y estadounidenses con mayor eficacia.

Calderón actualmente se basa en el modelo que el gobierno de Bush ha creado para establecer una dictadura policiaca en Estados Unidos y así imponer medidas similares cuyo propósito es controlar el crecimiento explosivo del descontento social en México.

Pero Calderón se enfrenta a una situación muy diferente a la de Bush. Sus medidas contra los derechos democráticos, y sobretodo de la manera más obvia en contra de la disconformidad política, toman lugar a la misma vez que estallan los movimientos populares de las masas por todo el país.. Los intentos imprudentes de utilizar la violencia perpetrada por los carteles narcotraficantes como si ésta fuera el 11 de septiembre de México, reflejan la profunda desesperación que existe en la clase gobernante que domina la economía de México. Pero a fin de cuentas es posible que resulte en todo lo contrario a las intenciones originales, lo cual podría fomentar una oposición política aún más vigorosa y mayor y unificar las sublevaciones anteriormente locales en contra del gobierno mexicano entero.