Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 28 de abril del presente.

William Frist, entre los dirigentes Republicanos más importantes del Senado de Estados Unidos, se presentó el domingo pasado en un programa de televisión nacional. El programa fue auspiciado y organizado por fundamentalistas cristianos cuyo propósito no era más que pintar de "anti cristiano" a todo oponente del gobierno de Bush. Fue un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos un grupo trata de convertir a la religión en la base ideológica de uno de los dos partidos políticos principales del país.

El Partido Republicano se está convirtiendo en el brazo derecho de la política de la derecha religiosa. La Casa Blanca y la dirigencia Republicana en el Congreso se han comprometido a lograr un objetivo: que el pueblo entero adopte la doctrina evangélica como ley del país. Este desarrollo tiene las más nefastas insinuaciones para las estructuras constitucionales de la nación y los derechos democráticos.

El evento, que tomara lugar bajo el lema de "Domingo de Justicia: paro a los discursos dilatorios contra la gente de fe", atrajo a 2000 personas a la Iglesia Bautista de Highview en los suburbios de Louisville, estado de Kentucky. Fue televisado a iglesias y hogares por un sistema nacional de satélite. El discurso de fue por vídeocinta y duró tan sólo seis minutos. Para decir la verdad, sus palabras no expresaron ningún sentimiento religioso. Pero el hecho que participara en semejante evento fue un acto de solidaridad con los organizadores del programa, que duró una hora y atrajo a los elementos más reaccionarios de la derecha cristiana fundamentalista. Entre ellos: Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigaciones sobre la Familia, James Dobson, presidente de Foco sobre la Familia, y William Donahue, presidente de la Liga Católica.

Pero el Partido Demócrata, ante semejante ofensiva de la derecha religiosa a través del Partido Republicano, otra vez ha mostrado su incompetencia. Todavía es incapaz de entablar un pleito serio contra movimiento de semejante índole. Ni siquiera se atreve a llamar a esta alianza entre los Republicanos y los fundamentalistas por su propio nombre: una campaña intenta en destruir la separación entre la religión y el estado y llevar al país hacia la teocracia.

Al contrario; los dirigentes Demócratas del Congreso nacional aceptan los límites políticos impuestos por los fundamentalistas. Su única queja es que ellos también son "gente de fe". No nos sorprende para nada que el Senador John Kerry, quien perdiera las últimas elecciones presidenciales, se haya unido al senador Republicano, Rick Santorum, partidario del grupo católico medio fascista, Opus Dei, para introducir un proyecto de ley que le permitiría a los farmacéuticos rehusar recetas médicas para el control de la natalidad porque esa práctica es contraria a sus creencias religiosas.

En las controversias políticas que dominan a Washington debido a los jueces federales que el Presidente Bush ha nombrado, los Demócratas siguen mostrando las mismas cualidades que exhibieron durante los conflictos recientes, inclusive durante el enjuiciamiento de Clinton y las elecciones presidenciales del 2000: la impotencia, la falta de seriedad, y un gran desinterés en recurrir a las amplias masas del pueblo para defender los derechos democráticos. A fin de cuentas, este parálisis se tiene sus raíces en el carácter clasista del Partido Demócrata, el cual es uno de los dos instrumentos políticos principales de la clase gobernante capitalista. Éste actúa como peso muerto en la clase obrera; termina destruyendo todo intento del pueblo trabajador para establecer el tipo de movimiento político independiente que representaría una amenaza al sistema de ganancias.

La premisa del "Domingo de Justicia" se basa en la táctica de pintar a sus rivales con una etiqueta política muy similar a la técnica de la "gran mentira" que los nazis de Hitler usaron. Los organizadores del evento afirman que los fundamentalistas cristianos—que dominan al Partido Republicano, el cual a su vez controla la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso y un 50% de los gobiernos estatales—son una de las perseguidas minorías de Estados Unidos. Han declarado que Estados Unidos, el país más saturado de religión del mundo industrial, es el foco de las intrigas promovidas por el "humanismo secular", que sistemáticamente trata con ninjusticia a la "gente de fe".

Se supone que las pruebas incontrovertibles de esta presecusión son los tribunales federales, sobretodo a través del papel que jugaron en el caso de Terri Schiavo, y los esfuerzos de los Demócratas en el Senado para bloquear a los individuos derechistas que Bush ha nombrado como jueces a dichos tribunales.

En el caso de Terri Schiavo, la derecha cristiana intervino para imponer su dogma religioso a la la decisión de Michael Schiavo, esposo de Terri, de parar los aparatos que mantenían viva a su esposa, cuyo cerebro había dejado de funcionar. La Casa Blanca de Bush y el Congreso enseguida se postraron ante los fundamentalistas. El Congreso hasta llegó a adoptar un extraordinario proyecto de ley para hacer un estudio de los tribunales federales y de la participación de éstos en el Caso Schiavo. Y el propio Bush precipitadamente canceló sus vacaciones en el estado de Texas para brindar su firma al proyecto y convertirlo en ley.

No obstante, los jueces federales a todo nivel judicial—la mayoría nombrados por presidentes Republicanos—rehusaron participar en la abolición de los precedentes jurídicos establecidos. Uno de los jueces de una corte de segunda instancia defendió el derecho de Terri Schiavo a morir tal como se lo había expresado a su esposo y a otros dos testigos. Este dictamen fue ratificado por una corte federal de apelaciones y por la misma Corte Suprema que instaló a Bush en la Casa Blanca. Ninguna de los tribunales federales se mostró dispuesto a servir de limpiasaco al Congreso y cancelar la decisión de los tribunales del estado de la Florida luego de siete largos años de pleitos litigiosos.

Los Republicanos del Congreso reventaron de ira ante la resistencia de la rama judicial. Varios—inclusive el dirigente de la Mayoría en la Cámara de Diputados, Tom Delay, y el Senador John Cornyn, del estado de Texas—se expresaron con palabras incendiarias que abogaban por el castigo político de los jueces y casi se mostraban a favor de la violencia.

En una conferencia de cristianos fundamentalistas celebrada en Washington hace dos semanas, los organizadores del mitin en Louisville debatieron la posibilidad que el Congreso cancelara los fondos monetarios destinados a los tribunales que participaron en el Caso Schiavo—en efecto usando el poder económico para enjuiciar a los jueces sin que tuvieran que comparecer ante un tribunal—o que adoptara leyes para negarle a los tribunales toda jurisdicción sobre una amplia gama de asuntos sociales.

Dobson, cabecilla del grupo de influencia fundamentalista mayor y mejor financiado, propuso una simple solución: la desaparición de la Novena Corte de Segunda Instancia, que es la más liberal de su tipo y cuya jurisdicción se extiende por toda la zona del Pacífico y los Estados Montañosos. Según una audio cinta del evento obtenida por el Los Angeles Times, Dobson se expresó con las siguientes palabras: "El Congreso simplemente puede privar a los tribunales de sus poderes. No tiene que desemplear a nadie, ni enjuiciarlos ni hacer batalla por ese campo. Lo único que tiene que hacer es declarar que la Novena Corte no existe y ésta desaparece".

Perkins, organizador principal del mitin en Louisville, expresó la histeria que pervade a la derecha religiosa al declarar que los jueces federales representan una amenaza mayor peor que los terroristas. Declaró que "los tribunales activistas, con la ayuda de grupos liberales interesados, han estado funcionando muy quietamente bajo el manto protector de la rama judiciaria, como ladrones que se amparan de la noche para robar nuestro patrimonio cristiano y nuestras libertades religiosas".

El conflicto acerca del nombramiento de jueces

Es en este contexto que el conflicto en el Senado sobre los nombramientos de Bush a los tribunales federales—conflicto que se intensifica cada vez más—ha asumido un significado simbólico de enorme importancia. Los Demócratas se valieron de la táctica del discurso dilatorio para obstruir a diez de estos nombramientos durante el primer plazo de Bush, y han amenazado con continuar la misma campaña contra siete de los diez que Bush ya ha nombrado desde comienzos de año.

La semana pasada, el Comité Congresional sobre Asuntos Jurídicos aprobó por votación a dos de los siete individuos de exdtrema derecha que anteriormente habían sido rechazados: Priscilla Owen del estado de Texas y Janice Rogers Brown de California. El voto de 10 a 8 fue totalmente partidista y de nuevo le abre campo a los discursos dilatorios cuando las nominaciones se presenten formalmente en el Senado durante el mes de mayo.

La política Demócrata—es decir, de basarse en estos discursos dilatorios selectivos— nunca ha representado una oposición apasionada a la Casa Blanca. Como reiterara el Senador Joseph Biden, Demócrata de mayor antigüedad en el Comité sobre Asuntos Jurídicos, en una entrevista por televisión el domingo, los Demócratas han ratificado los nombramientos de más de 200 jueces que se oponen al aborto. Añadió que se han opuesto solamente a varios de los nombramientos más provocativos y derechistas de Bush.

Pero discursador tras discursador en el mitin de Louisville pintó como discriminación contra los cristianos y casi una traición a la república el bloqueo de sólo el 5% de los nombramientos de Bush a los tribunales federales.

Perkins introdujo el tema de la victimización y declaró que "sólo porque creemos en la Bibila como nuestra guía de la vida no significa que no reunamos os requisitos para participar en nuestro gobierno. No hay razón para que se nos obligue, como ciudadanos estadounidenses, a escoger entre creer lo que este libro dice y servirle al público". El fundamentalista Católico Donahue añadió que "a nosotros no se nos va a obligar a callarnos y a rendirnos ante la izquierda secularista. Se vanaglorian de ser los grandes campeones de la tolerancia; sin embargo, son intolerantes hacia nosotros".

En realidad, ninguno de los individuos nombrados a los tribunales fue rechazado debido a sus creencias religiosas. En el Senado sólo dos casos relacionados a la religión—que tenían que ver con actitudes hacia las leyes que restringen los derechos al aborto—recibieron seria consideración. Los otros ocho fueron bloqueados debido al punto de vista de la extrema derecha referente a los derechos de los estados, a los poderes del gobierno federal, al medio ambiente, y al racismo, o debido a objeciones procesales, tales como el fracaso de la Casa Blanca en consultar, como ha sido de costumbre por muchos años, con los senadores del estado natalicio del nombrado.

La acusación de que existe un prejuicio generalizado contra la "gente de fe" es perniciosa y absurda. Es perniciosa porque quiere atemorizar a—e incendiar las pasiones de—los sectores de la población norteamericana que son, desde el punto de vista político, los más ignorantes en cuanto a la política y los más predispuestos al prejuicio, y usarlos como carne de cañón en servicio de la clase gobernante. Tal como mostrara el rally en Louisville, Kentucky, estas capas están siendo mobilizadas y dirigidas para destruir toda resistencia a los planes que la ultra derecha ha opuesto en marcha dentro de las mayores instituciones del gobierno de Estados Unidos.

La acusaciones de que existe una persecución "contra los cristianos es absurda, porque éstas toman lugar bajo condiciones en que reina un ambiente de rigidez aguda, resultado del conformismo religioso, en los ámbitos capitalistas oficiales. Casi todos los senadores y diputados del Congreso de Estados Unidos se han declarado partidarios de una u otra religión. Ninguno se atreve a admitir que es ateo o que no cree en Dios. Pero millones de estadounidenses rechazan el dogmatismo religioso. El sistema bipartito oficial casi los ignora por completo.

Las amenazas de la "opción nuclear"

Frist, dirigente de la mayoría Republicana en el Senado, repetidamente ha amenazado con quitarle a la minoría Demócrata el derecho a usar la táctica de los discursos dilatorios para bloquear los nombramientos, acción que el predecesor de Frist, Trent Lott, una vez llamó "la opción nuclear". Esta movida sería una intervención flagrantemente ilegal e inconstitucional por parte de la rama ejecutiva en los asuntos de la legislatura. El Vicepresidente Cheney, quien actúa en función de presidente del Senado, declararía a los discursos dilatorios fuera de orden y trataría de hacer respetar su decisión por medio de una simple mayoría de votos.

Esto significaría una gran ruptura con los precedentes establecidos por el Senado durante 200 años. Y más bien sería una hipocresía política monumental, puesto que en 1968 los Republicanos se valieron de los discursos dilatorios para bloquear, exitosamente por cierto, el nombramiento de Abe Fortas al puesto de Juez Presidente de la Corte Suprema, También se valieron de la misma táctica para bloquear sistemáticamente a los nombramientos judiciales de Bill Clinton durante seis de los ocho años que estuvo en la Casa Blanca. Pero esta movida no va a recibir ningún apoyo popular. Una encuesta de opinión pública publicada por el Washiington Post el martes pasado muestra que dos tercios del pueblo se opone a semejante lucha para suprimir a la oposición en el Senado.

Tan peligroso es este conflicto, inclusive la posibilidad de que el Senado deje de funcionar por completo, que un pequeño grupo de senadores Republicanos han expresado sus inquietudes y podrían negarle a Bush y a Frist los 50 votos requeridos para sostener el dictamen de Cheney. Los Republicanos tienen una mayoría de 55-45 en el Senado, pero con solo seis defectores la "opción nuclear" mordería el polvo. Todavía no se sabe si Frist se saldrá con la suya o no.

El objetivo inmediato del mitin en Louisville fue intimidar a este grupo de Republicanos tentativos. Se mostraron grandes fotografías estilo afiche de senadores Republicanos, tales como John McCain, del estado de Arizona; Richard Lugar, del estado de Indiana; y otros a quienes se les considera como defectores potenciales. Discursantes como Dobson pidieron que se le pusiera presión a aquellos Republicanos que pintaron de "blandos".

A pesar de la postura de Frist de que sólo quiere reafirmar "el gobierno por mayoría", no hay nada remotamente democrático acerca de la propuesta para eliminar a los discursos dilatorios. Frist actúa en nombre de un presidente que fue reelegido con apenas el 51% del voto, cuyo partido controla sólo el 53% de los diputados y el 55% de los senadores del Congreso nacional, pero quien exige el 100% de los nombramientos vitalicios a los tribunales federales.

La postura Republicana ni siquiera cuenta con una mayoría verdadera, pues exige control por un partido que en realidad obtuvo un voto menor que el de sus contrincantes. Los puestos del senado se distribuyen de manera extremadamente anti democrática: dos por cada estado no importa la población de éste. Los 36 millones de habitantes del estado de California cuentan con dos puestos en el Senado, y los 500,000 habitantes del estado de Wyoming también. El resultado es que los Republicanos controlan el Senado 55-45 a pesar de haber recibido 2 millones de votos menos por sus senadores que los Demócratas (97.5 millones a 99.7 millones en las elecciones combinadas del 2000, el 2002 y el 2004, según ciertos cálculos).

Pero más ridícula aún es la sugerencia que la campaña Republicana en contra de los discursos dilatorios ha resuscitado las tácticas que se usaron durante la década de los 60 para derrotar la oposición de los senadores racistas del Sur contra las leyes protectoras de los derechos civiles. Esta postura ignora un hecho muy inconveniente: que las mismas fuerzas sociales—y varios de los mismos individuos—que chillaban acerca de la amenaza contra "nuestro sistema de vida en el Sur" (léase "segregación y opresión racial")—ahora participan en una campaña para derrotar la supuesta amenaza contra "nuestro patrimonio cristiano". El lenguage ("la tiranía de los tribunales") y el simbolismo religioso son los mismos. Como comentara Colbert King, columnista del Washington Post, los militantes del Klu Klux Klan también marcharon bajo la cruz.

Existe una profunda diferencia, sin embargo, entre la resistencia segregacionista de los 1960 y la reacción fundamentalista actual. Durante la era de los derechos civiles, la extrema derecha luchaba contra la autoridad del gobierno federal, la cual intervino para anular todas las leyes oficiales a favor de la discriminación (conocidas en Estados Unidos como las leyes "Jim Crow"). Los gobiernos de Kennedy y de Johnson respaldaron la desegregación en parte para dilatar las sublevaciones revolucionarias de las masas trabajadoras negras, y en parte para servir las necesidades geopolíticas del imperialismo estadounidense. Pretendían hacerse pasar como defensores del "mundo libre" en contra de la Unión Soviética, postura que la existencia del racismo tipo apartheid en el Sur del país revelaba como profunda hipocresía de Estados Unidos.

Hoy día la extrema derecha se ha apoderado de la mayor parte del gobierno federal, y pretende usar este poder para dictar su política social a la inmensa mayoría del pueblo de Estados Unidos, quien no comparte los puntos de vista de los fundamentalistas cristianos. Como observara el escritor de una carta al redactor del New York Times: "La decisión Roe vs. Wade [dictamen de la Corte Suprema que legalizó el aborto] no le niega ningún derecho a los conservadores religiosos . Y he ahí el dilema: los conservadores religiosos creen que tienen el derecho democrático a negarle a otros el derecho al aborto".

No importa en que resulte este conflicto acerca de un puñado de jueces. El matrimonio entre la Casa Blanca, los dirigentes Republicanos del Congreso y los grupos cristianos fundamentalistas representa un peligro creciente a los derechos democráticos. Esta alianza es una nueva etapa en el desarrollo de un movimiento fascista incipiente en Estados Unidos que se basa en la histeria religiosa, el racismo y el anti semitismo. Muestra que en Estados Unidos existe la posibilidad de que el conflicto político se intensifique hasta tal punto que sólo pueda haber una salida: la guerra civil.

Un movimiento fascista en Estados Unidos no puede lograr el apoyo popular si marcha bajo insignias con swastikas o promulgando mitos raciales nórdicos. Será de un carácter nacional muy peculiar, basándose en el fundamentalismo cristiano, así como también en el racismo y el innatismo. Pero si las cualidades superficiales han de ser diferentes a las de los nazis alemanes o las de los movimientos fascistas de Mussolini en Italia y Franco en España, el significado histórico del fascismo sigue nigual: es el esfuerzo de la clase gobernante, bajo condiciones en que los antiguos métodos democráticos de gobierno han dejado de funcionar, para defender su propiedad y su autoridad por medio de la movilización de masas en contra de los derechos democráticos y de la resistencia organizada de la clase obrera.