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Tras una rebelión de las masas que paralizó al país y la matanza de por lo menos 86 personas a manos de las fuerzas de seguridad, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien Estados Unidos había respaldado en pleno, se vio obligado a renunciar a su cargo el viernes pasado. Inmediatamente se exilió en Estados Unidos.

El vicepresidente Carlos Mesa lo reemplazó enseguida e inmediatamente retiró su apoyo al gobierno luego que las masacres de los manifestantes, que iban desarmados, llevaron a Bolivia al borde de la revolución. Mesa anunció el establecimiento de un gabinete de "tecnócratas" al cual llamó un gobierno de unidad nacional.

En realidad, el nuevo presidente representa el mismo sector privilegiado de su predecesor, a quien había apoyado hasta que se hizo evidente que el gobierno se enfrentaba una tremenda insurrección. Dueño millonario de una cadena de televisión del país, Mesa, igual que Sánchez de Lozada, es miembro del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), partido derechista que ha dominado a toda una serie de gobiernos de coalición en Bolivia que han puesto en acción la austeridad y la privatización dictadas por Washington y el Fondo Monetario Internacional desde la década del 80.

Durante su gobierno—del 1993 al 1997—Sánchez de Lozada aceleró la privatización del sector estatal con brío, sobretodo la desnacionalización de la industria petrolífera del país. Cuando estadísticas mostraron que las inversiones habían aumentado y que la economía se había expandido debido principalmente a que los recursos de la nación y de los servicios básicos, inclusive la industria telefónica y de ferrocarriles, habían sido puestos en subasta a precios bajísimos, su política se consideró un éxito y recibió grandes elogios. Pero al mismo tiempo, el desempleo y la miseria social aumentaban más rápido que las inversiones.

Igual que el ex presidente, Mesa ha sido gran partidario de la privatización en general y específicamente ha aprobado la propuesta de construir un oleoducto, a un costo de $5,000 millones, para exportar las reservas de gas natural a Estados Unidos y a México por vía de un puerto chileno. Críticos del plan lo acusan de crear enormes ganancias para las empresas energéticas transnacionales y enriquecer a un pequeño sector de comerciantes locales al mismo tiempo que le roba a Bolivia los recursos naturales de mayor valor.

La oposición de las masas a la propuesta y a la privatización de los recursos energéticos de Bolivia impulsó a masas de campesinos, pobres urbanos y trabajadores a luchar contra el gobierno. El tema del gas natural ha originado la reprimida furia del pueblo hacia la enorme pobreza y la desigualdad social que durante dos décadas seguidas se han ahondado sin interrupción.

Pero las bases de la rebelión son mucho más profundas en la memoria histórica del pueblo boliviano, quien desde los días del colonialismo español ha presenciado a los capitalistas extranjeros saquear ininterrumpidamente los recursos de la nación—plata, estaño, petróleo, y ahora el gas—junto con la represión bestial de los mineros, campesinos y trabajadores.

El esfuerzo por bañar a las manifestaciones de las masas en sangre—aparentemente coordinado por oficiales militares estadounidenses que funcionan en la Embajada de Estados Unidos y en el Ministerio de Defensa Boliviano—ha sido un fracaso. La masacre que el ejército perpetró contra los campesinos que se manifestaban en una autopista en la región de Warisata, y el ametrallamiento de docenas de trabajadores y gente pobre que residen en la enorme favela "El Alto", suburbio industrial de La Paz, provocó la furia de todo el país; tanto así que la huelga general pronto se expandió y carreteras fueron bloqueadas, aislando así a la capital de otras ciudades principales.

El mismo día de la renuncia de Sánchez de Lozada, batallones de mineros armados con dinamita, junto con miles de campesinos agrícolas, invadieron a La Paz y se unieron a las enormes manifestaciones de las masas y a las barricadas que tenían paralizada a la ciudad.

Parece que el cambio en la élite gobernante fue planeado en consulta con Washington. Entre los primeros actos de Mesa al éste asumir las riendas del poder fue reunirse con el embajador estadounidense David Greenlee, quien anteriormente había sido jefe de la CIA en el volátil país.

En medio de la rebelión, la Embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos habían amenazado con represalias directas si el movimiento de las masas lograba derrocar al gobierno. Por ejemplo, Greenlee le comunicó a la prensa boliviana "que en caso de surgir un gobierno de la presión callejera (es decir, del pueblo que está en las calles) la comunidad internacional aislará a Bolivia".

Ahora el objetivo del gobierno de Bush y la oligarquía criolla es ganar tiempo para disolver la explosión social en Bolivia y preparar otra ofensiva política contra las masas. Mesa ha repetido las promesas que Sánchez de Lozada hizo antes de su renuncia: llevar a cabo un referendo popular sobre el pacto acerca del gas natural y rehacer la ley nacional sobre la energía. También ha jurado elecciones tempranas. Pero no dio ninguna indicación que el referendo sería la última palabra, y hasta ahora no se ha fijado ninguna fecha para elegir a un nuevo presidente.

A corto plazo, el cambio de políticos parece haber tenido el efecto deseado, gracias a la política conciliatoria de los dirigentes sindicalistas y campesinos. Según la Agencia EFE, Evo Morales, ex dirigente de los agricultores cocaleros y diputado representante del MAS [Movimiento al Socialismo], ha sugerido que la elección de Mesa como presidente representa una "solución constitucional" aceptable a Washington. "Le daremos un respiro al presidente Carlos Mesa, una tregua, para que se organice y cumpla sus promesas al país", indicó Morales.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe Huanca, declaró que las promesas de Mesa eran falsas, pero, como líder de los campesinos indígenas, aclaró que su organización le daría al nuevo presidente 90 días para establecer los cambios.

Y, por último, la Confederación de Obreros Bolivianos anunció que iba a suspender la huelga general. Su máximo dirigente, Jaime Solares, acudió a una reunión con Mesa en el palacio presidencial para presentar una lista de 20 exigencias. Luego expresó que "Hemos indicado que él va a tener el respaldo siempre que pelee energéticamente contra la corrupción, porque no olvidemos que este punto le ha hecho mucho daño al país. Hay más de 3 mil millones que se han defraudado por culpa de la corrupción".

A pesar de estas humillaciones por parte de las organizaciones obreras y campesinas, Mesa no mostró ninguna confianza en que su gobierno podrá contener el resurgimiento de las explosiones revolucionarias y el domingo pasado le dijo a su gabinete: "...tenemos que entender que el abismo está allí todavía, y que cualquier equivocación, cualquier falta de perspectiva, cualquier proceso de mezquindad, cualquier negativa a poner el hombro o cualquier decisión de una zancadilla en el camino, puede hacer que caigamos en el abismo".

El gobierno de Bush inmediatamente le dio asilo político a Sánchez de Lozada, comerciante multimillonario que los bolivianos llaman "el gringo" debido a que habla el castellano con acento bastante fuerte, pues se crió y se educó en Estados Unidos.

En una entrevista con el Miami Herald, Sánchez de Lozada desató su ira contra el movimiento de las masas que lo había derrocado y declaró que era una "conspiración para crear el primer Estado narcosindicalista en América del Sur".

En Bolivia, la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que tiene toda intención de enjuiciar a Sánchez de Lozada por haber causado la muerte de casi 200 personas cuando su gobierno, apenas 14 meses en el poder, ordenó varios actos de represión.

Además de estas recientes matanzas, el gobierno desató a las fuerzas armadas contra las enormes manifestaciones que tuvieron lugar el febrero pasado contra el aumento de los impuestos y otros planes de austeridad exigidos por el Fondo Monetario Internacional. Dichas manifestaciones, conocidas en Bolivia como "el febrero negro", se tornaron excepcionalmente sangrientas luego que la policía se declara en huelga y sus miembros fueran acribillados por tropas militares. Por lo menos 323 personas murieron en las manifestaciones. Las exigencias para destituir y enjuiciar a Sánchez de Lozada comenzaron tras la masacre de febrero.

Mesa dejó bien claro que no tienen ninguna intención de buscar la extradición de Sánchez de Lozada por crímenes de los cuales fue cómplice. Al mismo tiempo anunció que no habría ningún cambio en el mando de la policía o de las fuerzas militares.

El Comando del Sur de Estados Unidos, ubicado en Miami, mientras tanto confirmó el viernes que iba a enviar un "equipo de seguridad" de asesores militares a Bolivia. Un vocero declaró que el equipo "haría una asesoría técnica de la situación" y que también serviría de consejero a la Embajada de Estados Unidos y al Grupo Militar de Estados Unidos en el país".

El gobierno de Bush está determinado a prevenir que los sucesos bolivianos no se puedan controlar, pues teme que el desafío a la economía política que el FMI y las empresas multinacionales exigen podría expandirse por todo el continente.

Bolivia es el país más pobre de América del Sur. Ningún otro país de la región ha sufrido tanto debido a la política del "libre mercado", sobretodo la relacionada con la privatización y las reducciones draconianas en los gastos para los programas sociales. Según el Centro para el Estudio del Trabajo y el Desarrollo Agrícola, la tasa oficial de desempleo llega al 12%, pero el 45% de la población que directamente participa en la economía no tiene empleo estable y se ve forzado a sobrevivir con trabajos en jornada parcial en el llamado sector informal.

El Programa de las naciones Unidas para la Alimentación Mundial ha colocado a Bolivia de último en cuanto a los índices de nutrición, a pesar que el sector agrícola del país es completamente capaz de sustentar a una población de 8.8 millones. De acuerdo a la agencia de la ONU, por lo menos 2 millones bolivianos sufren de hambre crónica y 12% de las familias bolivianas sólo consumen los requisitos mínimos diarios en términos de calorías.

Un informe publicado por la Unidad para el Análisis de la Política Económica y Social, organización boliviana de investigaciones, ha descubierto que la cantidad de personas en el país que vive en la pobreza ha aumentado de 5,076,000 en 1995 a 6,448,000 en el 2001.

Aunque esta situación sea de las más agudas, de ninguna manera es única. Por ejemplo, un informe sobre la desigualdad en Latinoamérica, recientemente publicado por el Banco Mundial, muestra que el décimo más rico de la población de la región gana el 48% de los ingresos totales. El décimo más pobre gana solamente el 1.6%.

De acuerdo a un informe publicado a fines de agosto por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cantidad de latinoamericanos que viven en la pobreza aumentó a 220 millones (43.4%). De éstos, 95 millones, o sea, el 18.8%, se considera indigente. El informe indica que "El proceso de superación de la pobreza se estancó durante los últimos cinco años" . Al mismo tiempo advierte que las bajas tasas de expansión económica aseguran que la situación se pondrá peor. El mes pasado, el FMI bajó sus miras y proyectó que la expansión económica de la región para este año apenas alcanzará el 1.1%.

Hay señales que la rebelión social que reventó en Bolivia podría expandirse por toda la región a medida que toman lugar los efectos acumulados de décadas de programas basados en la austeridad económica exigida por el FMI y las empresas multinacionales de Estados Unidos.

En Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez se enfrenta actualmente a enormes manifestaciones a medida que trata de imponer los planes de austeridad dictados por el FMI, que exigen la agresión contra los derechos de los trabajadores, las condiciones sociales y las pensiones. Los empleados civiles ya se han manifestado varias veces, y organizaciones que representan a los campesinos indígenas que previamente habían respaldado a Gutiérrez han criticado ferozmente a la política de su gobierno. La expansión económica del Ecuador continúa declinando. Al mismo tiempo, la deuda del país ha llegado a casi el 42% de su Producto Nacional Bruto anual.

En Honduras, otro de los países más pobres de Latinoamérica, miles de gente bloquearon las carreteras la semana pasada. Se manifestaban contra las medidas económicas propuestas por el gobierno como parte de sus negociaciones con el FMI. El gobierno hondureño tiene planes para privatizar los abastecimientos de agua del país al mismo tiempo que despiadadamente reduce los salarios de 100,000 trabajadores del sector público. El 80% completo de la población hondureña vive en la pobreza.

Como ya han indicado los acontecimientos bolivianos, Washington está listo para apoyar y poner en acción los métodos de represión más bestiales para defender la hegemonía estadounidense sobre la región y controlar sus abastecimientos energéticos y otros recursos naturales. A pesar de la represión, la enorme crisis social que tiene al continente en sus garras está llevando al imperialismo estadounidense cara a cara con una explosión revolucionaria en lo que por mucho tiempo ha considerado su "patio de atrás".