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Al gobierno español y a los jueces se les podría ordenar que cooperen con la investigación de incontables fosas comunes que se excavaron secretamente durante la Guerra Civil (1936-1939) y después. Puede que se les obligue a comenzar a abrir las fosas e identificar los cadáveres que yacen en ellas.
Las fosas se esparcen por toda España. El pueblo español ha sabido de su existencia por más de 60 años. Según cierto informe, contienen los restos de más de 30,000 soldados republicanos, militantes y otros adversarios de la dictadura fascista de Franco. Las víctimas fueron capturadas o detenidas durante la Guerra Civil y luego ejecutadas ; o fueron ejecutadas sumariamente por los falangistas o las tropas franquistas durante los días y meses que siguieron la guerra. Sus cadáveres fueron depositados en fosas, excavadas con apremio, a un lado de las carreteras, al fondo de precipicios, o en medio de los campos. Algunos fueron detenidos; a otros se les persuadió que se entregaran luego de asegurársele que no les pasaría nada.
De acuerdo a los militantes que abogan por semejante acción, varias de las numerosas fosas comunes excavadas contienen más de mil cadáveres, específicamente en Oviedo y Gijón al norte del país; en Teruel al este; y en Sevilla al sur. Se cree que la tumba mayor, cerca de Mérida, contiene más de 3,500 cadáveres.
Los militantes también esperan indentificar los restos de Federico García Lorca, famoso poeta y dramaturgo que en agosto, 1936, fuera asesinado y enterrado en una cuneta. Nunca se le ha reconocido públicamente desde que fuera asesinado, y tampoco ha sido honrada su memoria.
Durante los últimos tres años, en la región de León, en el noroeste, voluntarios que pagaron para que se desenterraran los cadáveres para hacerle análisis de ácido ribonucléico, han descubierto un puñado de fosas menores. En marzo del presente, la Universidad de Granada acordó que uno de sus peritos se encargaría de tomar pequeñas muestras de los cadáveres de una de las fosas para conducir los análisis. Esto fue hecho como excepción y dentro de los reglamentos establecidos para una excavación arqueológica, pero la carencia de fondos limitó el análisis a solamente 4 de los 18 cadáveres que se habían descubierto en una fosa común. Los resultados han de revelarse pronto.
Los militantes han señalado la actitud diferente del estado, que recientemente donó millones para exhumar y repatriar de Rusia los cadáveres de varios voluntarios españoles de la División Azul, grupo militar que Franco enviara, como muestra de amistad, a Adolfo Hitler con tal de asistir las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La iniciativa de las familias para comenzar las excavaciones privadas de las fosas republicanas ha servido de insignia para unir a miles de parientes que anhelaban por el entierro digno de sus seres queridos y hacerle honor a su memoria. Una organización llamada la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha llevado el caso a las Naciones Unidas, específicamente al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, luego que los jueces españoles y el gobierno del Partido Popular rehusaran comenzar la investigación de los cadáveres. Ha exigido, entre otras cosas, que se quiten de las exhibiciones públicas los innumerables símbolos franquistas que “ofenden la dignidad de las víctimas”. En el pasado, el comité de las Naciones Unidas ha investigado casos que en su gran mayoría provienen de de países latinoamericanos, africanos y asiáticos.
El abogado que representa a los parientes dijo que la labor “apremia” debido a que la mayoría de los que exigen que las fosas comunes se abran son ancianos y los únicos que pueden dar detalles para ubicarlas. Aquellos que estaban vivos cuando se perpetraron estos asesinatos hoy día pasan de los ochenta. Muchos, que temen que la memoria de sus desaparecidos pronto será olvidada, dibujaron mapas de los lugares donde saben que yacen y se los entregaron a sus hijos para que lo guardaran bajo seguro. Por décadas han velado y venerado estas fosas no marcadas.
Se están excavando siete tumbas con fondos privados; se busca un total de 50 personas. Muchas todavía no han sido reclamadas, pero los militantes creen que, a medida que las fosas se abran, más parientes se revelarán. “Todavía tienen miedo”, declaró Santiago Macías, vocero de la asociación. “No han podido hablar durante 60 años y es un gran esfuerzo para ellos romper el silencio. Pero lo harán”.
Aunque la Guerra Civil Española terminó hace ya 63 años, los archivos militares — que contienen los expedientes acerca de los desaparecidos - además de los bienes personales y, en muchos casos, las últimas cartas y mensajes a sus parientes - nunca han sido abiertos al público. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ahora exige que estos archivos se abran y que los funcionarios del gobierno devuelvan los efectos personales a los parientes o, en caso que algún cadáver no se reclame, que se exhiban en público como acto para honrar su memoria.
La Asociación sostiene que los parientes de los desaparecidos son víctimas de una estructura jurídica que les previene beneficiarse de los programas y servicios que se le otorgaron a los partidiarios de Franco, quienes el régimen llamara “Los Caídos por Dios y por la Patria”. Sostienen que las víctimas del régimen franquista no pueden gozar de la dignidad que merecen mientras todavía existen insignias y monumentos oficiales que elogian como “libertadores” a los autores de tan tremenda y sistemática infracción de los derechos humanos básicos.
El silencio acerca de la existencia y ubicación de las fosas comunes 27 años después de la muerte de Franco representa una acusación formal del papel clasista cobarde y colaboracionista que jugaron todas las llamadas organizaciones obreras: los estalinistas, los socialdemócratas, y otros grupos radicales. Por 36 años Franco gobernó a España por medio del terror y los parientes y amigos de los desaparcidos temían perder sus vidas si expresaban lo que sentían. Luego de la victoria de Franco en 1939, grandes cantidades de gente sirvieron sentencias de cárcel de 20 y 30 años. Muchos otros pasaron décadas escondidos en graneros y desvanes, tendidos sobre techos falsos, disfrazados de mujer, etc. Muchos fueron denunciados a la autoridades y sentenciados a muerte.
Cuando Franco murió en 1975, el Partido Comunista, el Partido Socialista y los sindicatos obreros negociaron una “transición pacífica” a la democracia bajo la consignia, Olvidar y Perdonar, que le diera amnistía política a los fascistas. Ni una sola de las víctimas del régimen franquista ha sido reconocida, compensada, enterrada adecuadamente u honrada.
Después de la muerte de Franco, parientes de los desaparecidos comenzaron una campaña para abrir las fosas y hasta empezaron a abrir varias ellos mismos. No obstante, el Partido Socialista (PSOE), que llegara al poder en 1982 y gobernara por 14 años, usó el intento de golpe militar en 1981, cuando varios guardias armados del ejército invadieron el congreso, para barrer el asunto bajo la alfombra. Usaron la excusa que “temíamos resuscitar las pasiones bestiales de la Guerra Civil”.
“En muchos pueblos y villas de España, la gente todavía tiene miedo de hablar de la Guerra Civil”, expresó el abogado Montserrat Sans, quien llevó el caso ante las Naciones Unidas. “La transición de España a la democracia tomó lugar ignorando el deber, internacionalmente reconocido, de investigar seria y sistemáticamente las infraccions de los derechos humanos”.
El caso de las fosas comunes españolas le hace burla a las inquietudes que los países imperialistas han mostrado acerca de la posibilidad de fosas comunes en los Balcanes, Afganistán, Irak o cualquier otro país que sea objetivo de ataque. El mismo juez español, Baltasar Garzón, hizo gran causa acerca de los desaparecidos chilenos cuando el dictador militar Augusto Pinochet fue arrestado e imputado de cargos criminales cuando se encontraba en Londres. Es difícil imaginar que [Garzón] no sabía nada de las fosas comunes en su propio país, pues era miembro dirigente del sistema jurídico y del gobierno socialista de 1982-1996.
A los parientes de las víctimas de la opresión fascista no les convendrá tener fe en el PSOE, el Partido Comunista, la Izquierda Unida o cualquier organización que por décadas toleró y ayudó a encubrir los crímenes de los fascistas. Si la presión ahora obliga a estas organizaciones a interesarse en el asunto es porque quieren conducirlo por una vía inofensiva. Es la conclusión a la que nos hacen llegar las palabras de Amparo Valcarce, diputada socialista de León ante el Congreso, quién presentara una moción al Congreso acerca del tema de las fosas comunes. Valcarce expresó que la democracia - y junto a ella “la reconciliación de todos los españoles” permite rescatar del olvido a todas esas personas que murieron “por defender a la República y la democracia”. Sin embargo, Valcarce, quien ha investigado el caso y llevado a cabo varias conversaciones con los amigos y parientes de los desaparecidos, declaró que ni ella ni su partido querían “culpar a nadie”. Añadió que los familiares “sólo quieren devolver la dignidad a sus muertos con algo tan elemental como su enterramiento, ya que se les privó del duelo, una práctica común en todas las civilizaciones”.
La “transición pacífica a la democracia” no sólo cubrió los delitos de la dictadura franquista, sino que previno al pueblo español hacerle frente a su propio pasado. A millones de jóvenes españoles se les mantiene ignorantes de los sucesos revolucionarios que tomaron lugar en su país durante la década del 30, así como también del papel contrarrevolucionario de las diferentes organizaciones que los traicionaron. Si el éxito se hubiera logrado, el curso de la historia mundial habría cambiado, como también habría cambiado el. La apertura de las fosas podría ofrecer la oportunidad de resuscitar estas lecciones.