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El miércoles pasado, tropas de asalto colombianas, en colaboración con la policía y respaldadas por tanques de guerra y helicópteros armados, le pusieron sitio a un empobrecido barrio de Medellín, segunda ciudad mayor de la nación sudamericana.

La acción fue de las mayores campañas contrainsurgentes de los últimos años llevada a cabo en una zona urbana superpoblada. Álvaro Uribe, nuevo presidente derechista del país, dio las órdenes directas para el asalto.

Por lo menos 14 personas fueron muertas durante el primer día de batalla, inclusive un joven de 16 años de edad. Muchos más fueron heridos, la gran mayoría ancianos, mujeres y niños.

El alcalde de Medellín, Luis Pérez, declaró que Uribe había instruido al ejército que continuara la acción hasta que se pudiera asegurar el control total del distrito, conocido como Comuna 13, donde residen 130,000 personas de las 2.5 millones que pueblan a Medellín. El general Mario Montoya, comandante del ejército en la zona de Medellín, declaró que sus fuerzas iban a invadir a los hogares, uno por uno, en búsqueda de armas.

El asalto militar fue precedido por ataques violentos dirigidos por unidades paramilitares derechistas, quienes colaboran íntimamente con el ejército. Los militares y los paramilitares derechistas ambos tratan de quitarle control de la zona a la milicia llamada Comando Armado del Pueblo, vinculada al segundo movimiento guerrillero mayor, el Ejército de Liberación Nacional.

Las oficinas colombianas del Alto Comisario sobre los derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su consternación acerca de los encuentros bélicos

Muchos habitantes del barrio informaron que el asalto militar los había forzado a refugiarse en sus propios hogares, lo cual les prohibió presentarse a trabajar. Al mismo tiempo, 6,000 estudiantes no pudieron asistir a las escuelas y las clínicas de salud fueron cerradas. En varios casos, balas de gran potencia atravesaron las ventanas y paredes de las moradas y encontraron sus víctimas.

Civiles heridos que invadieron la clínica de salud en el barrio de San Javier contaron como un helicóptero armado les había volado por encima y ametrallado a la superpoblada zona residencial.

“Estamos bajo fuego de ametralladoras”, dijo una perturbada mujer a la prensa local. “Las balas salen de los helicópteros y caen sobre nuestros techos. Es horrible. Como en Vietnam”.

La intensificación de la represión militar coincide con la expansión conspicua de la intervención estadounidense en la guerra civil, que comenzara hace 38 años. Washington reveló a principios de mes que las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos iban a ser desplegadas en el país con tal de capacitar al batallón especial colombiano que se dedica a luchar contra las organizaciones guerrilleras armadas.

La semana pasada, el gobierno de Bush dio la autorización oficial para que el gobierno colombiano usara la ayuda militar que se le diera bajo el Plan Colombia - cuyo objetivo aparente era combatir el cultivo de la coca y la exportación de la cocaína - para llevar a cabo acciones contrainsurgentes contra los guerrilleros, que incluiría el uso de los helicópteros tipo Black Hawk, además de otros equipos, que los Estados Unidos ha suministrado.

El Congreso recientemente también le autorizó al Pentágono que comenzara la capacitación de dos brigadas del ejército colombiano, que serán asignadas permanentemente a la protección del oleoducto de Cano-Limón, el cual transporta petróleo que la empresa Occidental Petroleum explota en los campos al norte de Colombia.

Unidades de Fuerzas Especiales han comenzado a llegar al país para capacitar a la quinta y décimoctava brigadas del ejército colombiano a proteger el oleoducto. Grupos que defienden los derechos humanos han acusado a ambas brigadas de perpetrar abusos contra la población civil y de colaborar íntimamente con los escuadrones paramilitares de la muerte.

Colombia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. La Organización sobre los Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas recientemente publicó un informe que revela que 11 millones de colombianos, o sea, uno de cada tres, viven en la pobreza. Hasta el gobierno ha reconocido que la causa de la violencia endémica que azota al país se debe a la enorme miseria y al abismo tan grande que existe entre los ricos y los pobres.

Para los intereses empresariales de los Estados Unidos, sin embargo, la importancia estratégica de Colombia se vincula al petróleo. Aunque las reservas petrolíferas del país - por lo menos de las que se sabe - sólo llegan a 2.6 billones de barriles al día, solamente se ha explorado el 20% de los campos que potencialmente guardan petróleo. Actualmente, Colombia produce aproximadamente una cantidad de petróleo equivalente a la que Kuwait abasteció durante la víspera de la última Guerra del Golfo Pérsico. Junto con sus países vecinos, Venezuela y Ecuador, Colombia le provee al mercado estadounidense más petróleo que todos los países del Golfo Pérsico juntos.

El papel militar creciente de Washington en Colombia esencialmente tiene un objetivo: asegurar el acceso al petróleo y suprimir no sólo a los movimientos guerrilleros armados, sino a toda oposición popular al dominio empresarial estadounidense de las materias primas del país. Occidental Petroleum, Amoco, la repulsiva Enron Corporation - ex dueña de Centragas, sistema de gas natural que se extiende por 357 millas en el norte del país - y varias otras empresas de la energía colaboran para procurar que el congreso y la rama ejecutiva [de los Estados Unidos] expandan la ayuda militar y la intervención en Colombia.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha publicado un informe, basado en sus propias investigaciones y en las de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que advierte que la “política de seguridad” de Uribe “sólo servirá para arraigar aún más el ciclo de violencia que azota a toda Colombia”.

El informe nota que desde 1985, más de 60,000 personas han perdido la vida — 4 de cada 5 muertes son civiles - y que la gran mayoría ha sido víctima de masacres llevadas a cabo por los paramilitares derechistas. El grupo defensor de los derechos humanos también indicó que solamente el año pasado más de 4,000 civiles habían sido muertos durante la violencia política, y lo más probable es que las bajas para 2002 lleguen a una cifra mayor. Son cientos de miles los que el conflicto ha desplazado, o los que han “desaparecido” y sufrido la tortura.

Al presentar este informe en una conferencia de prensa en Madrid, Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional, declaró que la evidencia obtenida por el grupo defensor de los derechos humanos (y otras organizaciones) mostraba que “el vínculo entre las fuerzas armadas y los paramilitares es una relación institucional”.

El informe declara: “A medida que las fuerzas armadas colombianas, durante los últimos años, se han encontrado con la creciente condena internacional de sus infracciones contra los derechos humanos, han recurrido más y más al uso de auxiliares paramilitares para emplear la táctica de la ‘guerra sucia'.

Y las fuerzas de seguridad no pueden depender de la maquinaria jurídica tradicional para actuar con impunidad. La atención nacional e internacional más y más enfoca la necesidad apremiante de desmantelar esta maquinaria, que hasta ahora ha garantizado a los miembros de las fuerzas armadas el escaper, con muy pocas excepciones, a las investigaciones y a las sanciones adecuadas. Para evitar estas presiones, los responsables de formular y poner en práctica la ‘guerra sucia' pueden continuar su estrategia, sin miedo a ser enjuiciados, de responsabilizar a fuerzas paramilitares con el cumplimiento de esta misión”.

Este informe desenmascara aún más lo fraudulento del acta promulgada por el Congreso de los Estados Unidos para que Colombia, como requisito para recibir ayuda militar, observe los derechos humanos. La ley exige que se tome acción eficaz para quebrar las relaciones entre el ejército colombiano y los paramilitares. El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores [ State Department] otra vez más “certificó” que Colombia había cumplido con el acta, lo cual abrió paso para que se soltaran otros $70 millones destinados a la capacitación, las armas y las amuniciones. Amnistía Internacional también condenó la intención del gobierno de formar una red de espías civiles que reclutaría hasta 1 millón de colombianos que asistan a los militares con las acciones contrainsurgentes. El ejército sostiene que ya ha reclutado a 4000. Esta iniciativa, advirtió el grupo defensor de los derechos humanos, “inevitablemente va a echarle fuego a la lata de la violencia política”. La formación de grupos similares en la provincia de Antioquía, de la cual Uribe fuera gobernador, le dio origen a los escuadrones de la muerte, que en muchos casos fueron precursores de las unidades paramilitares actuales.

El informe cuenta detalladamente el reino de terror llevado a cabo por el ejército colombiano y sus aliados paramilitares en San Vicente de Caguán, que fue de las cinco municipalidades que componían la zona desmilitarizada bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego que las negociaciones entre el gobierno y las guerrillas cesaran el febrero pasado, el pueblo, que funcionaba como sede de la organización guerrillera, fue retomado por los militares en una acción que incluyó el bombardeo aéreo, lo cual infligió grandes bajas civiles.

Según el grupo defensor de los derechos humanos, los militares han pintado a la población civil del distrito como colaboradores de los guerrilleros, sometiéndolos al acoso incesante, la cual incluye el registro arbitrario de las casas de los obreros y campesinos, junto con el robo y la destrucción de la propiedad, inclusive por medio del incendio premeditado de varios hogares. Los militares también han detenido a muchas personas sin imputarle cargos, y rehúsan informar a los parientes la razón por qué han sido arrestados o dónde han sido llevados.

Residentes de la zona también han contado instantes en que los interrogadores militares han torturado a los detenidos físicamente para forzarlos a identificar a miembros del FARC o a sus colaboradores con álbumes de fotos. Un joven desempleado le dijo a Amnistía Internacional que soldados le habían envuelto la cabeza con una toalla mojada, tapándole la boca y la nariz, y vertido agua sobre ella para asfixiarlo. Al continuar negando que era guerrillero, recurrieron a otros métodos.

“Entonces me quemaron el cuello con cigarrillos”, dijo. “Me preguntaron cuanto tiempo había estado con los guerrilleros y yo les dije que no era guerrillero. Entonces me quemaron los brazos y los pies con el cigarrillo...me tiraron al suelo y me patearon la cara, los pies y los brazos y comenzaron a cortarme los pies y la barriga con un machete. Me agarraron los testículos y le pusieron encima el filo del machete...fue entonces que sentí un golpe en la cabeza y me desmayé”.