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El 24 de abril, 1992, zonas pobladas de minorías obreras en Los Ángeles estallaron en protesta contra el juicio penal burlesco, en el Valle Simi, de los cuatro agentes de la policía responsables por la paliza que Rodney King había sufrido. También protestaban la larga historia de abusos cometidos por el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD). Los motines llegaron a ser entre los más serios en la historia de Los Estados Unidos. Produjo más bajas—54 muertes y 2,000 heridos—que todo otro desorden civil desde la Guerra Civil Entre los Estados.

Después de los motines, 2,000 tropas de la Guardia Nacional ocuparon las zonas Central-sur, Pico-union (ubicada en el distrito Rampart de Los Angeles), Pomona y otras zonas pobres que los motines habían dejado en ruinas. Antes de las tropas partir, nueve personas habían muerto. Muchos residentes de estas comunidades creen que las tropas ocupantes todavía no se han ido.

Antes de estallar los motines, la Comisión Christopher había sugerido que los agentes de policía fueran sometidos a supervisión más estricta y a mayor vigilancia. Sugirió, además, que el proceso de empleo y capacitación fuera más cauteloso. Después de los motines, el gobierno municipal pretendió poner en práctica las reformas que el informe de la Comisión pedía. Quitaron al Jefe de la Policía, el rigidísimo Darryl Gates, y lo reemplazaron con un nuevo Jefe de Policía negro, Willie Williams. Según esta treta, éste, al no tener ningún vínculo al departamento, le abriría campo a las reformas del LAPD.

El proceso de denuncias contra el LAPD se transformaría para que los ciudadanos no tuvieran que luchar con tanta burocracia. Eventualmente, se emprendió un programa “de vigilancia policial en las comunidades” para brindarle una cara más bondadosa y gentil a los vecindarios pobres y obreros.

Los abusos de Rampart que Rafael Pérez ha revelado muestran que, a pesar de toda plática acerca de cumplir las reformas, todo se quedó igual en el LAPD. Más bien los abusos cometidos por agentes de la policía han sido más violentos y descarados durante la década que transcurrió después del incidente de Rodney King. La causa de esto no se le puede atribuir a la capacitación inadecuada o la presencia de “unos pocos policías malos” en un mar de agentes que, en su inmensa mayoría, obedecen las leyes. Tampoco la pueden explicar las perogrulladas y trivialidades que salen por las bocas de los voceros oficiales y de los medios de prensa. Y claro, tampoco es algo peculiar a Los Ángeles nada más.

La política de “la ley y el orden”

Al fondo de la amplia y continua violencia policíaca que el LAPD y otras organizaciones similares a través del país practican, se revela el prolongado asalto político contra los derechos democráticos de la clase obrera, disfrazado bajo la consignas policíaca de “ponerse duro contra el crimen”. Esta campaña se condujo simultáneamente con ataques económicos contra el nivel de vida y las condiciones sociales de los trabajadores.

El mensaje de “ponerse duro contra el crimen” comenzó durante el gobierno de Richard Nixon. Salió de las bocas de gente como el Vice presidente Spiro Agnew y el Fiscal General de la Nación, John Mitchell, quienes terminaron culpables de actos criminales.

La demagogia de esta consigna abogaba por acabar de una vez por todas con el patrimonio de la Corte Suprema bajo Earl Warren, su Juez Presidente, durante las décadas de los 1950 y 1960. Las decisiones de la corte habían expandido enormemente los derechos constitucionales de personas detenidas, a quienes se les tenía que informar su derecho de hablar con un abogado antes de ser interrogadas por la policía. Los pobres ganaron el derecho a un abogado defensor pagado por el estado.

El gobierno de Reagan en los 1980 expandió los ataques contra los derechos democráticos de la manera más amplia. El nombramiento de jueces decididamente reaccionarios fue seguido por la destrucción o debilitación de muchas protecciones durante los trámites de casos criminales. La tan llamada guerra contra las drogas proporcionó el pretexto para apretar las clavijas, pero el mismo gobierno de Reagan, buscando la manera de financiar ilícitamente la guerra de los Contras contra el gobierno nicaragüense, aparentemente ayudó a desatar la epidemia de cocaína en piedras en Los Angeles.

La campaña contra los derechos constitucionales del individuo resonó desde la Corte Suprema de Los Estados Unidos hasta las cortes de apelación, jueces locales, procuradores/fiscales y agentes de la policía patrullera. El sistema de justicia se inclinó a favor de los procuradores/fiscales y la policía.

Los políticos impusieron proposición tras proposición en la balota de California para incrementar las condenas contra los criminales y eliminar las protecciones garantizadas por el debido proceso de la ley. Ejemplo es la proposición 15 que fue adoptada en 1990 para permitir a agentes de policía que, durante audiencias preliminares, prestaran testimonio de oídas acerca de lo que otros agentes habían escrito en sus informes sobre crímenes. Las audiencias preliminares se llevan a cabo para decidir si existen suficientes pruebas para consignar al acusado a juicio formal. Esta treta efectivamente eliminó el antiguo derecho de los abogados defensores para conducir el contrainterrogatorio de testigos adversos. Rara vez un acusado, al ser consignado a juicio, se arriesgaba a que el tribunal fallara contra él.

Condenas excesivamente duras contra infracciones menores eran requisitos. Negaban la discreción del juez en ajustar la condena a las circunstancias de cada caso. Inevitablemente esto llegó socavar el sistema de negociaciones de alegatos. Aun personas inocentes no tienen ninguna alternativa que declararse culpable de haber poseído una pequeña cantidad de drogas o de cualquier delito menor con tal de recibir una condena más ligera. Es preferible a la otra alternativa: de un máximo de 25 años a cadena perpetua en la penitenciaría, lo cual es obligatorio en California si es la tercera vez que al acusado se le encuentra culpable de algún crimen.

En Los Ángeles, los procuradores/fiscales ordinariamente dependían del testimonio perjurado de la policía para obtener fallos de culpabilidad. Existen alegatos veraces que sabían de las acciones de los agentes de policía miembros de CRASH y no hacían nada para ponerle paro. Los jueces se volvieron ciegos cuando a los acusados se les declaraba culpables a razón de testimonio policíaco dudoso o perjurado. La mayoría de los jueces nuevos que presidían sobre casos criminales anteriormente habían sido procuradores/fiscales, con pocos deseos de hacer cumplir las protecciones constitucionales. En este ambiente político y legal no es nada sorprendente que los agentes de policía creyeran que podían violar los derechos con impunidad sin que nadie en puestos de autoridad pestañara.

Tensiones sociales en Los Angeles

El ataque contra los derechos democráticos y la ampliación de poderes policiales en Los Estados Unidos tiene vínculos directos a la intensificación de las tensiones sociales y a la creciente polarización económica. Desde finales de los 1970 y al terminar la prosperidad económica que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, la clase gobernante y sus representantes lanzaron ataques contra la clase obrera y su nivel de vida. Trataron de desbaratar los sindicatos; despedir a grandes cantidades de trabajadores de sus empleos; aceleraron la producción en los talleres; y redujeron los programas sociales.

Este asalto contra el nivel de vida encontró su expresión más salvaje en las secciones centrales, superdotadas de minorías y paupérrimas de las ciudades mayores. En los Angeles, las zonas Central-sur y Este sufrieron el cierre de fábricas industriales y, por consecuencia, la eliminación de miles de empleos que requerían labor experta. El desempleo, la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones en los servicios gubernamentales aumentaron estrepitosamente. Los edificios escolares se convirtieron en ruinas superdotadas carentes de fondos. El abuso de las drogas, sobretodo de la cocaína en piedras, aumentó bárbaramente en muchos de estos distritos. Las acciones legales y los encarcelamientos, todos bajo la consigna de declararle guerra a las drogas, aumentaron igual.

Las comunidades obreras y la juventud tenían que ser intimidadas y criminalizadas. Era conveniente, pues, considerar a todos los hombres de los vecindarios como una masa y caracterizarlos de pandilleros vende-drogas, como el enemigo. El LAPD puso en acción programas para “barrer con las pandillas” y acosar a cientos de jóvenes de la clase obrera a la vez, sin que hubiera ninguna prueba o evidencia que individuos participaban en actividades criminales. El ejército ocupante del LAPD se convirtió en ley.

Durante los 1990, era espectáculo común ver al LAPD provocando a la juventud en las aceras de los distritos obreros: los obligaban a arrodillarse con las manos detrás de la cabeza sencillamente porque eran quienes eran. Más recientemente, el despacho del procurador/fiscal consiguió que los tribunales emitieran órdenes judiciales para prohibirle a jóvenes bajo sospecha de pertenecer a pandillas que se reúnan o que se llamen unos a otros con sus “beepers”, lo cual es una violación del derecho constitucional que garantiza libertad de asociación.

Ahora funcionarios desencantados con el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) han revelado que el FBI, en conjunto con la unidad CRASH de Rampart y el INS, mantuvo una base de datos sobre 10,000 a 15,000 personas que, según ellos, tenían cierta relación con la pandilla de la Calle 18 en Rampart. Esta cifra tan ridícula es equivalente a tratar a la gran mayoría de la población adolescente masculina de Rampart como criminales. Dichas personas se convierten en blancos fáciles para el acoso y las deportaciones.

No obstante la prosperidad económica, las condiciones socioeconómicas están tan pésimas o peores en las zonas internas de Los Ángeles que en 1992, cuando estallaron los motines. A pesar de la creación de miles de empleos en las industrias del cine y de la tecnología avanzada, Los Angeles todavía tiene 200,000 empleos menos que en 1990. La tasa de desempleo oficial de la ciudad es de 8%, mucho más alta que el promedio de 6.4% para todo el estado de California. La tan llamada prosperidad sólo ha empeorado las condiciones de vida de la mayoría de las familias trabajadoras y de los pobres.

La prosperidad ha llegado en compañía de lo que se está llamando la juvenación de la pobreza en las zonas internas de todas las ciudades. En California, la pobreza de la juventud se duplicó del 11 al 23% en los 1980. En Los Angeles, la cifra aumentó asombrosamente al 40%.

Los alquileres y otros costos de vida aumentaron marcadamente, pero los salarios no. Aunque cierta cantidad de los ingresos producidos por las rentas internas hinchadas han proporcionado fondos para las escuelas públicas (sólo luego de alborotos y protestas acerca del fracaso total del sistema escolar), los servicios sociales, tal como el cuidado médico, no se han restaurado de manera significativa.

Por lo tanto, si los motines y la “recuperación” que siguió lograron algo, fue darle ímpetu al aumento del terror policíaco. Incapaz de cumplir sus promesas para la reconstrucción y el desarrollo, la clase gobernante dictó los mismos abusos anteriores. La ilusión de reformas después de publicarse el informe de la Comisión Christopher se convirtió en pantalla para ocultar la violencia que seguía.

La persistencia y la penetración del abuso policíaco en Los Angeles y en todo el país tienen que, por necesidad, reflejar las condiciones económicas y sociales; es decir, el estado actual, bien polarizado y violento, de las relaciones entre las clases sociales. El abuso policíaco es sencillamente un fenómeno social objetivo profundamente arraigado en la estructura socioeconómica, la política y la ideología oficial de Los Estados Unidos al comenzar el Siglo XXI.