Dos explosiones ocurrieron en un desfile militar en Caracas el sábado cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro pronunciaba un discurso para conmemorar el 81º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Las explosiones, las cuales aparentemente hirieron a siete soldados y dispersaron a muchos para refugiarse, dejaron ilesos a Maduro y a otros altos funcionarios.

Independientemente de las circunstancias exactas de las explosiones, está claro que Maduro y el Gobierno venezolano están utilizando el incidente como pretexto para reprimir las crecientes protestas contra el deterioro de las condiciones económicas del país

Aunque la secuencia de acontecimientos es algo turbia, la explosión evidentemente tomó a Maduro, su esposa Cilia Flores y otros funcionarios por sorpresa. Los videoclips muestran a Maduro mirando hacia el cielo mientras pronuncia su discurso. La transmisión luego cambia a una toma más amplia que muestra la dispersión de los soldados, después de lo cual se corta el video. Los informes indican que Maduro fue escudado por guardaespaldas antes de ser escoltado rápido fuera del escenario.

Según un artículo en El País, el ejército ha confiscado otras imágenes de la compañía de televisión privada que cubría el evento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela dijo que siete periodistas que cubrían el evento fueron interrogados durante horas después del incidente, a algunos les quitaron sus cámaras.

La versión oficial del Gobierno, presentada por Jorge Rodríguez, el ministro venezolano de Comunicación, Cultura y Turismo, es que las explosiones fueron producidas por drones cargados con explosivos. Otros informes afirman que fue la explosión de un tanque de gasolina en un edificio de departamentos cercano, aunque los contradicen otros reportes de testigos oculares.

Ya para el domingo, en una conferencia de prensa televisada, Maduro afirmó que el Gobierno venezolano había detenido a algunos de los "autores materiales" del ataque, junto con evidencia. Maduro afirmó: "Se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme".

Maduro culpó a la “ultraderechista” en Venezuela, Colombia y Miami, y dijo: "No tengo duda que el nombre de Juan Manuel Santos está tras este atentado", refiriéndose al presidente de Colombia. Dijo además que las investigaciones preliminares "indican que varios de los financistas viven en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Espero que el presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas".

El Gobierno colombiano negó cualquier involucramiento y dijo que "resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado contra el presidente venezolano", mientras que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, declaró que “no hubo participación de los Estados Unidos".

El sábado por la noche, un grupo autodenominado Movimiento Nacional Soldados de Franela aparentemente se responsabilizó por el incidente, denominándolo "Operación Phoenix", a través de una declaración entregada y leída por Patricia Poleo, una usuaria de YouTube con sede en EUA y vinculada a la oposición de la derecha venezolana.

Independientemente de si ese grupo tuvo alguna participación o no, el Gobierno venezolano está listo para iniciar una nueva ofensiva contra toda oposición política, incluidas las crecientes protestas contra el deterioro de las condiciones económicas de Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab dijo: "Habrá una sanción implacable". Maduro hizo eco de esta amenaza en su propio discurso pidiendo el "máximo castigo" y que "no va a haber perdón".

El incidente ocurre en medio de resurgimiento de la lucha de clases que el derechista Frente Amplio está luchando por contener. Durante la última semana, los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas, trabajadores eléctricos, de telecomunicaciones y maestros han continuado las huelgas, mientras que cada vez más barrios han estado bloqueando barricadas y protestando contra las compañías estatales por la falta de agua corriente. El 2 de agosto, Maduro se reunió con representantes campesinos que marcharon cientos de kilómetros a Caracas para expresar sus quejas sobre la corrupción del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y "reveses" en la reforma agraria en el campo.

Varios representantes de los partidos derechistas dentro del Frente Amplio fueron vistos dirigiéndose a algunas de estas multitudes. Por ejemplo, Carlos Julio Rojas y otros agentes del derechista Vente Venezuela, dirigido por la política financiada por EUA, María Corina Machado, llamó la mañana del sábado a manifestantes que se encontraban afuera de la empresa estatal de agua Hidrocapital en Caracas que se "retiraran" y esperaran futuras protestas, apelando para a la "unidad cívica", a lo que nadie aplaudió.

Por casi dos semanas, han convocado nuevos comités y consultas "con todos los sectores" para organizar una huelga de masas. La desesperación fue clara en una conferencia de prensa el jueves convocada por el Frente Amplio regional en Zulia, el cual describió la situación como "insostenible". Al anunciar sus preparativos para una huelga, una vocera dijo: "Todos los días, el Laboratorio de Conflictividad reporta una huelga, un paro, ya la gente no aguanta más... Venezuela es un país en emergencia. Es un país que se está hundiendo”.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo 9.787 protestas en 2017. Si bien las protestas organizadas por la derecha política burguesa de Venezuela se han disipado en gran medida, las cifras de 2018 superarán esa cantidad. Ha habido más de 5.300 en lo que va del año. De estos, se estima que el 80 por ciento implican demandas de la clase trabajadora por derechos sociales, tales como alimentos, agua y un salario digno.

Frente a esta creciente agitación y deterioro de la economía, el Gobierno de Maduro ha colocado sus esperanzas en el ejército venezolano para manejar la situación. En mayo, asignó un aumento salarial de 2.400 por ciento para las fuerzas armadas, en contraste con el 103 por ciento otorgado a los trabajadores civiles.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de agosto de 2018)