El gobierno minoritario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) español, el cual llegó al poder el mes pasado con la ayuda del pseudoizquierdista Podemos y los nacionalistas regionales, está preparando un nuevo presupuesto de austeridad para el 2019. Al mismo tiempo, está llevando a cabo un masivo incremento en el gasto de defensa.

Las preparaciones para el presupuesto del 2019 vinieron dos semanas después de que el parlamento español aprobara el tan esperado presupuesto para el 2018, elaborado por el previo gobierno derechista del Partido Popular (PP). El presupuesto de austeridad para el 2018 fue adoptado al por mayor por el nuevo gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez, quién tan sólo unos pocos días antes de volverse primer ministro lo había criticado por “atacar al estado de bienestar, no defiende a las mujeres, los trabajadores, los desempleados, ni a la juventud”.

Comparado a los ochos años pasados, el presupuesto del 2018 tiene 13 por ciento menos de gasto para la educación, 8 por ciento menos para la salud, 27 por ciento menos para Investigación y Desarrollo, 35 por ciento menos para la cultura y 58 por ciento para las inversiones de infraestructura. Sin embargo, el presupuesto para el ejército español fue incrementado por 10,5 por ciento con respecto al año pasado, el más grande incremento hecho por un gobierno español en la era post-Franco.

Las demandas para un nuevo presupuesto de austeridad en el 2019 crecieron a finales de junio, cuando un encuentro de los ministros de finanzas del Eurogrupo de la Unión Europea (UE) advirtieron que España perdería su objetivo de un déficit de 2,2 por ciento de PBI este año (podría ser tan alto como 3 por ciento) y 1,3 por ciento el próximo año.

En su primera aparición ante el parlamento, la ministra de Economía del PSOE Nadia Calviño declaró: “Nuestro compromiso para la estabilidad presupuestario es inequívoco”, añadiendo que el ministro de Finanzas María Jesús Montoro estaba “trabajando día y noche” para abordar el déficit.

La semana pasada, Calviño viajó a Bruselas para entregar una reducción de déficit menos onerosa: a 2,7 por ciento del PBI este año en vez del 2,2 por ciento y 1,8 por ciento del PBI en el 2019, comparado con el 1,3 por ciento. Calviño imploró: “Si tratáramos de mantener los objetivos establecidos por nuestros predecesores de 1,3 por ciento del PBI tendríamos que adoptar medidas de ajustes de gran escala que habrían sido tremendamente dañinos a la recuperación de la economía (…) entre 4 y 5 décimas podrían estar perdidas en el crecimiento real del PBI y la creación de empleos también sufriría”.

Aún está por verse si la Comisión Europea acepta los objetivos revisados de Calviño. No obstante, los medios españoles lanzaron una frenética campaña por los nuevos objetivos y declararon que el gobierno tendría que imponer drásticos recortes de austeridad de alrededor de €6 mil millones, pronto antes que tarde.

Esta semana, Rafael Doménech, economista principal de Análisis Macroeconómico en BBVA, el segundo banco más grande de España, advirtió que los modificados objetivos “tendrían implicaciones económicas que deben ser remarcadas” como “un incremento en el déficit estructural de la economía española”.

Más importantemente, Doménech insistió, el gobierno debería “tomar ventaja de los momentos de crecimiento como el actual” para forzar los recortes en el déficit presupuestario. “Tarde o temprano una crisis vendrá”, declaró, lo que podría resultar en un aumento del precio del petróleo, la “desaparición progresiva de las medidas extraordinarias de la política monetaria” como la facilitación cuantitativa y las bajas tasas de interés “y, sobre todo, el aumento proteccionista que puede conducir a una guerra comercial”.

Las preocupaciones del gobierno de PSOE y sus partidarios en el plan de esparcir los recortes en un período más largo está condicionado por el miedo a una rebelión social por los trabajadores y los jóvenes empobrecidos por años de austeridad y bajo condiciones de una creciente ola de huelgas.

Según la Confederación Española de Confederación de Empresarios (CEOE), las huelgas en el primer cuarto de este año han causado la pérdida de casi 8 millones de horas de trabajo, un incremento de 51 por ciento comparado al mismo período el año pasado. Los trabajadores de Amazon están en huelga de nuevo esta semana después de una acción similar en marzo. En los aeropuertos españoles, la acción industrial entre los pilotos, el personal terrestre y los controladores de tráfico aéreo ha alcanzado niveles históricos, llevando a los medios a denominarlo “el verano caliente de los aeropuertos”.

Fue Podemos, el principal arquitecto y partidario del nuevo gobierno, el cual avisó a Sánchez, una semana antes de que Calviño atendiera el encuentro con el Eurogrupo, de que procure una política de relajamiento a los objetivos del déficit. En las palabras del portavoz interino de Podemos en el parlamento Ione Belarra: “La reducción del déficit tiene que ser más gradual; tenemos que negociar, no rendirnos”.

Belarra declaró en un arranque de fervor patriótico que “España no es Grecia. Somos la cuarta economía más grande de la UE, somos un peso duro, y eso nos da espacio para negociar en Bruselas”.

Sin embargo, lo que el PSOE y sus partidarios en Podemos proponen con negociar con Bruselas es solamente austeridad continua, quizás a un ritmo más lento. Gobiernos previos del PSOE y el PP han cumplido con las demandas de la UE y las instituciones financieras, recortando el gasto social, imponiendo reformas laborales y rescatado a los bancos. Sobre esta base, el gobierno del PSOE de José Luis Zapatero recibió una extensión para cumplir los objetivos del déficit en el 2009 y el gobierno del PP de Mariano Rajoy recibió tres, en el 2012, 2013 y el 2016.

Además de continuar con la austeridad, el gobierno también ha anunciado su compromiso al incremento del gasto de defensa. El pasado jueves, después de las demandas del presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre de la OTÁN de que sus estados miembros incrementen su gasto al 2 por ciento del PBI (y de ahí al 4 por ciento), Sánchez declaró que tenía “simpatías” a las demandas de Trump y de que España lo haría por el 2024.

La promesa de Sánchez significa una duplicación en cinco años de los gastos de defensa de la cifra oficial de 0,93 por ciento del PBI español. Parte de esto se logrará incorporando a las hojas de balances del gasto de defensa el gasto que había sido escondido por previos gobiernos para eludir el amplio sentimiento antimilitarista, anti-OTAN que existe en España. Según el Centro Dèlas para los Estudios de Paz, el gasto militar español realmente asciende a €18 mil millones, o 1,64 por ciento del PBI.

La semana pasada, el gobierno del PSOE autorizó €5 mil millones en gastos en nuevas armas este año para hacerle frente las “urgentes necesidades” de las fuerzas armadas. La ministra de Defensa Margarita Robles usó la ya gastada excusa de que el gasto adicional crearía trabajos en “muchas áreas afectadas por la crisis económica”. La misma lógica, por supuesto, no ha sido aplicada a la salud, educación y cultura.

Podemos hizo un show de oposición retórica a los anuncios de Sánchez y Robles. Su portavoz en la comisión de defensa Juan Antonio Delgado, dócilmente protestó: “Si la prioridad es gastar en defensa lo que no tenemos, ellos [el gobierno] no deberían contar con nosotros”.

En su discurso, no obstante, Delgado no sólo aceptó el principio de un incremento de gastos si el dinero puede ser encontrado, sino que hizo un llamado abierto al ejército y la policía. Él declaró que el Ministro de Defensa debería cambiar la política previa del gobierno de despedir a soldados más viejos de 45, “lo que afecta a 60.000 soldados”, añadiendo que “ya han despedido mil”.

Concluyó insistiendo en que: “No estoy opuesto a la modernización de las Fuerzas Armadas, pero hay otras prioridades en nuestro país… España, por ejemplo, necesita 20.000 policías y guardias civiles”.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de julio de 2018)