Las draconianas medidas del Gobierno ecuatoriano para cortar todo acceso de Julian Assange con el mundo exterior representan un ataque reaccionario contra los derechos democráticos que debe ser opuesto vigorosamente por los trabajadores y jóvenes de todo el mundo.

Las autoridades ecuatorianas han bloqueado el acceso del fundador de WikiLeaks al Internet y a todos los otros medios de comunicación desde la embajada de Quito en Londres. Además, le han prohibido visitas, dejándolo con menos derechos que a un prisionero tras las rejas.

Assange encara continuas conspiraciones coordinadas entre los Gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido para poder arrestarlo y extraditarlo bajo cargos estadounidenses de traición y espionaje, que conllevan potencialmente la pena de muerte.

El ataque contra Assange es parte de una embestida global contra los derechos democráticos que rememora más y más los días más oscuros de la década de 1930, durante el surgimiento pleno del fascismo y el impulso hacia otra guerra mundial. Es un aspecto significativo que en parte fuera puesto en aislamiento por haber hecho una comparación reveladora en Twitter entre el reciente arresto del líder catalán Carles Puigdemont por el Gobierno alemán, en servicio a España, y el arresto en 1940 del presidente de Cataluña, Lluís Companys, extraditado por los nazis a manos de la dictadura fascista de Franco, torturado y ejecutado.

La detención de Assange en lo que equivale a un régimen de incomunicación coincide con esfuerzos de Gobiernos en todo el mundo para censurar el Internet. Assange ha estado en el frente de la resistencia a esta antidemocrática campaña.

Estos actos también van de la mano con un giro dramático hacia la derecha de varios Gobiernos latinoamericanos de países asociados previamente con el denominado “giro a la izquierda” o la “marea rosa”, la cual comenzó en 1998 con la elección de Hugo Chávez en Venezuela.

En agosto del 2012, Ecuador anunció que le concedería asilo a Assange, quien se enfrentaba a acusaciones fabricadas de conducta sexual inapropiada en Suecia. La investigación sueca, abandonada en mayo, era una farsa diseñada para posibilitar su extradición de Reino Unido a EUA, donde sería enjuiciado por la ofensa de hacer públicos cientos de miles de documentos confidenciales exponiendo los crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán, además de las conspiraciones del Departamento de Estado de EUA por todo el mundo. Mientras que Suecia dejó el caso, las autoridades británicas persisten en su intención de arrestar a Assange.

Cuando el Gobierno ecuatoriano del expresidente Rafael Correa le concedió asilo a Assange, declaró que era un derecho humano fundamental que todo Gobierno debería respetar, y necesario en el caso de Assange, quien podía terminar en Guantánamo o sufrir el tipo de tortura y abuso por el que pasó Chelsea Manning. Cuando le solicitó al Gobierno británico que dejara que Assange viajara a Ecuador, Londres no solo denegó el pedido, sino que amenazó con revocar el estatus diplomático de la embajada de Quito y con ordenar una irrupción de la policía.

La intransigencia del Gobierno británico ha forzado a Assange a permanecer atrapado en los confines de la embajada desde entonces, bajo condiciones descritas como “arbitrarias, irracionales, innecesarias y desproporcionales” por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, que demandó que se le dejara en libertad y se le compensara.

El Gobierno ecuatoriano cortó las comunicaciones de Assange después de que expresara su opinión en Twitter sobre dos de las situaciones más acuciantes en el mundo, condenando la detención alemana de Puigdemont y poniendo en duda las medidas tomadas contra Rusia por las acusaciones completamente infundadas de haber estado involucrada en el envenenamiento del ex doble agente, Sergei Skripal, y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury a principios de marzo.

A través de sus mensajes, dictaminó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Assange “pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones”.

No cabe duda de que, entre las “otras naciones”, se encuentra EUA, con quien el Gobierno de Lenín Moreno ha estado buscando un reacercamiento.

El silenciamiento de Assange se produjo tan solo un día después de que el Gobierno ecuatoriano fuera anfitrión de una delegación del Comando Sur de EUA, el brazo del Pentágono en América Latina y el Caribe, encabezada por el general Joseph DiSalvo y su jefe política, la embajadora Liliana Ayalde. El Comando Sur declaró que entablaron discusiones para reforzar tanto la “cooperación en seguridad” como “el intercambio de ideas y reiterar el compromiso estadounidense a la longeva alianza”.

¿Pudo haber sido una coincidencia la sincronicidad? ¿O fueron los representantes del Pentágono a dar a sus contrapartes ecuatorianos la terminante orden de silenciar a Julian Assange? La siguiente pregunta que cabe plantear: ¿hubo otras demandas, como entregar Assange a Washington?

Desde su elección en mayo del año pasado, Moreno —el sucesor seleccionado por Correa— ha emprendido un drástico giro a la derecha, implementando reducciones fiscales para las grandes empresas, recortes sociales e intentos para reducir la dependencia de Ecuador en préstamos e inversiones de China para favorecer unas relaciones más cercanas con el imperialismo estadounidense, el cual busca reafirmar su hegemonía en la región y contrarrestar el aumento de influencia de Beijing.

El giro a la derecha en Ecuador es parte de un retroceso más amplio de la llamada “marea rosa”, i.e. la llegada al poder de varios partidos populistas y nacionalistas burgueses en América Latina. Va en línea con la elección en el 2015 del derechista multimillonario Mauricio Macri en Argentina, la destitución en el 2016 de la presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores de Brasil y su reemplazo con su vicepresidente derechista, Michel Temer, la intensa crisis que vive el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la derrota del presidente Evo Morales de Bolivia cuando buscó cambiar la Constitución para garantizarse un cuarto término.

El giro derechista en América Latina fue preparado por los mismos Gobiernos identificados por la tal “marea rosa” que comenzó hace dos décadas. Pese a proclamarse izquierdistas e incluso “socialistas” —ilusiones fomentadas por una amplia gama de organizaciones pseudoizquierdistas en América Latina, EUA y Europa—, estos eran Gobiernos burgueses que defendían la propiedad privada y los intereses del capital tanto nacional como extranjero.

Con base en el auge de los precios de los productos básicos y de los mercados emergentes, pudieron crear programas mínimos de asistencia para los pobres y presumir una independencia limitada del imperialismo estadounidense, en gran parte por medio de mayores lazos comerciales con rivales estadounidenses, particularmente China.

La crisis que se produjo tras el colapso de los precios de los productos básicos, particularmente el petróleo, del cual depende el 40 por ciento de los ingresos de Ecuador, llevó a estos Gobiernos a implementar una escalada de ataques contra la clase obrera, disminuyendo así su popularidad y sentando las bases para el regreso de la derecha.

El mismo Correa había ordenado cortar la conexión de Assange al Internet en el 2016 bajo presión del Gobierno estadounidense después de que WikiLeaks publicara los correos electrónicos filtrados del Comité Nacional Demócrata. Dos años antes, había transferido más de la mitad de las reservas de oro de Ecuador a Goldman Sachs para ganar la confianza de los mercados financieros capitalistas.

Asimismo, el Gobierno del PT en Brasil y el Gobierno kirchnerista-peronista de Argentina implementaron medidas antidemocráticas y ataques contra los derechos de los trabajadores que abrieron paso para la toma de poder de los Gobiernos más derechistas en estos países desde la caída de sus respectivas dictaduras militares apoyadas por EUA.

Estos acontecimientos han confirmado que la defensa de los derechos democráticos y la superación de la pobreza y desigualdad que predominan en la región solo se pueden llevar a cabo por medio de la movilización política de la clase obrera, de forma independiente de todos los partidos burgueses —incluyendo el PT en Brasil, el chavismo en Venezuela, el peronismo en Argentina y otros movimientos similares— y con base en un programa socialista y de unificación de las luchas de los trabajadores de América Latina con las de los trabajadores en EUA, Europa y todo el planeta.

El ataque contra Assange ha suscitado esta misma cuestión fundamental en una escala internacional. La única base social auténtica para la defensa de los derechos democráticos es la clase obrera. Los trabajadores tienen que movilizarse en defensa de Assange, exigiendo que se proscriban las restricciones de sus comunicaciones y que se le libere de inmediato. Todo intento para arrestarlo o extraditarlo debe responderse con manifestaciones de masas y acciones laborales en Reino Unido, EUA y en todo el mundo.

La campaña en defensa de Assange y de las otras víctimas de represión estatal solo puede ser avanzada con éxito como parte de una lucha de la clase obrera internacional para poner fin al sistema capitalista, cuya crisis histórica amenaza a la humanidad con guerras mundiales y dictaduras policiales-estatales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de marzo de 2018)