Declarando que las condiciones que encara Julian Assange son “intolerables” e “insostenibles”, el Gobierno de Ecuador ha pedido la mediación de un tercero que permita que el fundador de WikiLeaks pueda concluir su prolongada detención sin cargos en la embajada de dicho país en Londres.

Assange ha estado cinco años y medio como prisionero en la embajada, confinado a un pequeño espacio sin acceso a la luz solar ni al aire fresco, separado de su familia y amigos y despojado de la oportunidad de ver a sus hijos crecer. Varios reportes indican que su salud ha sufrido, algo nada sorprendente, ocasionándole problemas cardiacos y una neumonía crónica. La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, le comentó a la prensa en Quito que su “integridad física y psicológica corren peligro”.

El miércoles, un diario ecuatoriano indicó que Quito le había concedido a Assange un pasaporte y una cédula de identidad, generando especulación de que podría recibir la ciudadanía ecuatoriana y un estatus diplomático, permitiéndole irse del país. No obstante, no se puede confiar en que las autoridades británicas vayan a respetar tales sutilezas legales, mientras que toda medida que tome el Gobierno ecuatoriano para poner fin al aprisionamiento de facto de Assange sería inútil sin asegurarle un pasaje seguro.

Tampoco son claras las intenciones del Gobierno ecuatoriano. A pesar de que haya llegado al poder Lenín Moreno en mayo tras derrotar a un candidato más derechista que llamó explícitamente a echar a Assange de la embajada, este nuevo Gobierno ha buscado un acercamiento a las grandes empresas, a la derecha política y a Washington. Moreno le hizo una solicitud pública a Assange de no intervenir en la política “de sus países amigos”.

Assange fue declarado por las Naciones Unidas en el 2016 como la víctima de una “detención arbitraria” en violación al derecho internacional, y no ha sido acusado públicamente de ningún crimen fuera de violar las condiciones de su fianza en Reino Unido. Esto ocurrió en junio del 2012, cuando buscó asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres para escapar una conspiración de los Gobiernos de EUA, Reino Unido y Suecia para extraditarlo a Suecia con base en acusaciones de abuso sexual inventadas y enviarlo luego a EUA para enjuiciarlo por cargos de espionaje y traición, crímenes que pueden ser castigados con la pena de muerte.

Las autoridades suecas cerraron formalmente su farsa de investigación el año pasado, confirmando de esta forma que nunca tuvieron ningún caso. Fue toda una operación sucia para desacreditar y paralizar a WikiLeaks y encarcelar a Assange, o algo peor.

Sin embargo, los límites legales de las acusaciones hechas contra Assange no expiran hasta el 2020, y los fiscales encargados han dejado claro que están preparados para retomar el caso en cualquier momento, o, mejor dicho, cuando EUA lo ordene.

El Gobierno conservador de la primera ministra británica, Theresa May, ha dado claros indicios de que no tiene ningún interés en una mediación y de que buscará rendir cuentas en relación con la violación de la fianza por parte de Assange. De poner un pie fuera de la embajada, sería inmediatamente arrestado y llevado por la Policía Metropolitana.

Un portavoz del Gobierno británico señaló el miércoles que, “El Gobierno de Ecuador sabe que la forma para resolver este problema es que Julian Assange deje la embajada para encarar a la justicia”, es decir, ser enviado a una cárcel británica con un boleto de ida a una prisión federal estadounidense.

El Gobierno de Obama seleccionó un gran jurado secreto para investigar a Assange y WikiLeaks, y éste sigue en sesión bajo Trump.

A pesar sus palabras de “amor” por WikiLeaks durante la campaña presidencial después de que filtrara los correos electrónicos que expusieron los esfuerzos corruptos del Comité Nacional Demócrata de amañar las primarias presidenciales para asegurar la candidatura de Hillary Clinton, varios funcionarios oficialistas han dejado claro que Assange sigue siendo el “enemigo número uno” de Washington.

El director de la CIA, Michael Pompeo, ha descrito a WikiLeaks como un “servicio de inteligencia no estatal hostil” y prometió que su agencia “está trabajando para eliminar la amenaza para Estados Unidos”.

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, dijo en abril que el arresto de Assange sigue siendo “una prioridad”, agregando: “Cada vez que podamos establecer un caso, buscaremos enviar a ciertas personas a la cárcel”.

En mayo, el exdirector del FBI, James Comey, le dijo a un panel del Senado que “WikiLeaks es un foco importante de nuestra atención”, mientras que se rehusó a responder si Assange había sido acusado formalmente de un crimen. “No quiero comentar en el caso particular porque no quiero confirmar si existen o no cargos pendientes”, dijo. “No ha sido arrestado por estar dentro de la embajada ecuatoriana en Londres”.

Las demandas por la cabeza de Assange volvieron cuando WikiLeaks filtró casi 8.000 páginas web detallando una amplia gama de herramientas utilizadas por la CIA para ciberataques.

Los grupos de poder estadounidenses, su aparato militar y de inteligencia y los dos partidos en el poder no perdonarán ni a Assange ni a WikiLeaks por haber expuesto sus actividades criminales, con las que han asesinado y herido a millones en Irak, Afganistán y en todo el mundo. Todo esto comenzó con la publicación del video “asesinato colateral”, una grabación desde la mira de un helicóptero Apache de la masacre en el 2007 de doce civiles iraquíes. Le siguieron “El diario de la guerra afgana” y “Las entradas de la guerra de Irak”, exponiendo los crímenes de guerra perpetrados por el ejército estadounidense, y más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses secretos, develando las intrigas contrarrevolucionarias de Washington alrededor del planeta.

No solo han hostigado a Assange, sino que sentenciaron a Chelsea Manning a 35 años de prisión por “ayudarle al enemigo” al entregarle documentos a WikiLeaks. Su sentencia fue luego conmutada por Obama y salió libre, pero no antes de sufrir abusos equivalentes a tortura en la prisión militar.

Mientras tanto, Edward Snowden, el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que expuso el espionaje masivo y la colección de datos de particulares en EUA y alrededor del mundo por parte de esta organización se ha convertido en un hombre sin país, viéndose forzado a vivir en el exilio en Rusia.

El equipo legal de Assange reiteró esta semana su demanda de que Londres acate el fallo de la ONU, liberándolo y compensándolo por su detención ilegal y arbitraria. “Reino Unido no debería dejarse intimar por las amenazas públicas del Gobierno de Trump de ‘abatir’ al Sr. Assange”, dice el comunicado.

La intimidación no proviene solamente del Gobierno de Trump y de la derecha republicana. Todo un conjunto de liberales de izquierda y organizaciones pseudoizquierdistas han sido responsables de cubrir políticamente la venganza estatal contra Assange, legitimando las falsas acusaciones de conductas sexuales inapropiadas contra él, mientras que lo han asociado con la trama de “injerencia” rusa en las elecciones estadounidenses del 2016. Por medio de estas dos causas célebres de la llamada izquierda política de EUA, toda una capa de exradicales pudientes, cuya orientación e intereses se ven representados por publicaciones como Nation, Socialist Worker, Jacobin e International Viewpoint, apoyando al imperialismo y a la reacción social y política.

La demanda de poner fin a la persecución estatal de Julian Assange tiene que ser adoptada por la clase obrera internacional. La implacable ofensiva contra Assange y WikiLeaks ha sido y sigue siendo la punta de lanza de la marcha de la burguesía y los Gobiernos capitalistas en todo el mundo para atacar la libertad de expresión e imponer una censura y un control estrictos del Internet.