El encarcelamiento esta semana de líderes de las principales organizaciones separatistas en Cataluña —Jordi Sànchez de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural— se encontró con manifestaciones en toda Cataluña que culminaron en una protesta de 200.000 personas en Barcelona la noche del martes.

El encarcelamiento de los dos marca los primeros encarcelamientos de presos políticos desde el final de la dictadura fascista del general Francisco Franco.

Se ha programado una movilización masiva para el sábado por la tarde pidiendo su liberación. Hay conversaciones sobre otra “huelga nacional” por parte de la “Junta para la Democracia”, que comprende a 60 organizaciones, entre ellas los sindicatos ANC, Òmnium Cultural, UGT y CCOO y las organizaciones paraguas de empleadores, CECOT y PIMEC.

Sánchez y Cuixart se encuentran en espera de investigación de cargos falsos de sedición, que tienen una sentencia máxima de 15 años de prisión. Están acusados de organizar manifestaciones el 20 y 21 de septiembre, que intentaron evitar las redadas policiales contra organizaciones que promovían el referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre.

Los arrestos se produjeron luego de semanas de represión sostenida por el gobierno del Partido Popular (PP) del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Funcionarios del gobierno catalán han sido arrestados, decenas de sitios web cerrados, millones de carteles y folletos confiscados, impresos y periódicos buscados, reuniones prohibidas y cientos de alcaldes amenazados con enjuiciamiento por apoyar el referéndum.

El primero de octubre, el gobierno del PP envió decenas de miles de policías en un intento fallido por evitar el referéndum. Las redes sociales se vieron inundadas por imágenes de guardias civiles que se abrieron paso en los lugares de votación, agarraron urnas y golpearon a votantes pacíficos e indefensos, cientos de los cuales resultaron heridos. Se ha azuzado una histeria nacionalista, de orden público y se alientan las protestas de la extrema derecha.

Hoy, a las 10 de la mañana, el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, debe “aclarar” si ha declarado o no la independencia, tras su declaración de la semana pasada en la que reafirmó el derecho de Cataluña a la independencia, pero que no se declararía durante varias semanas para permitir negociaciones con Madrid.

Si no niega la declaración de independencia, muchos informes sugieren que el Consejo de Ministros de Rajoy invocará medidas en virtud del artículo 155 de la Constitución española, rutinariamente descrita como la “opción nuclear”, que suspende la autonomía catalana. Tal paso sienta las bases para imponer el gobierno directo desde Madrid a través de la intervención militar.

Según los informes de los medios, el parlamento regional se disolverá y se creará una “autoridad gubernamental de transición”, integrada por tecnócratas nombrados que asumirán el funcionamiento de los diversos ministerios catalanes.

Puigdemont podría continuar como presidente del gobierno regional, pero se lo despojaría de sus poderes. El vicepresidente Oriol Junqueras, responsable de las finanzas de la Generalitat —y culpado por la pérdida de inversiones en Cataluña y de las empresas que reubicaban sus sedes— podría ser destituido. Es probable que Junqueras y otros funcionarios sean detenidos y encarcelados como lo han sido Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El siguiente paso, según los informes, sería celebrar nuevas elecciones en Cataluña. Estas no serían convocadas por el gobierno regional como normalmente es el caso, sino bajo el control de Madrid. Que a los partidos que piden la independencia se les permita presentarse a las elecciones es cada vez más improbable, ya que aumentan las exigencias de que se los prohíba.

El gobierno no habla abiertamente actualmente de la intervención militar, pero se enviaron tropas logísticas para apoyar a las unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y se publicaron detalles del plan de despliegue de tropas de “Cota de Malla” junto con los comentarios de figuras militares.

Rajoy viajará el jueves por la tarde a Bruselas para participar en la cumbre del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE). La UE ha declarado consistentemente que la sucesión catalana es una crisis “interna” que España debe resolver dentro de los límites establecidos por su Constitución, una visión tomada por la administración Trump en Estados Unidos. La represión del PP goza del apoyo de la UE y los Estados Unidos porque estos temen que la UE y la alianza de la OTAN se fragmenten en un mosaico de miniestados competidores.

Con ese fin, Cataluña ni siquiera aparece como un artículo oficial en la agenda de la cumbre. “No tenemos la intención de incluirlo en la agenda, pero, por supuesto, si el presidente Rajoy quiere hablar sobre eso, lo reflejaremos en la agenda”, dijo un alto funcionario europeo.

El Secretario General del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, también está visitando Bruselas. Su papel principal es cubrir al PP e intentar contrarrestar las representaciones de las medidas represivas que promulga el Estado español. El miércoles se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, la Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini, y con el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Giani Pittella, antes de participar en una conferencia organizada por la facción Socialdemócrata Europea. Hoy se reunirá con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker.

La implacable fuerza de las medidas estatales policiales impuestas en Cataluña por el gobierno del PP, que rige sobre el quinto país capitalista supuestamente democrático de Europa, es una advertencia para los trabajadores y jóvenes en todo el continente e internacionalmente. La luz verde dada a la represión del PP, apoyada por el partido derechista Ciudadanos y el PSOE por parte de la UE y los EUA es una confirmación adicional de que la élite gobernante global no tolerará ninguna oposición a sus políticas contrarrevolucionarias sociales.

Lo que está sucediendo en Cataluña se convertirá en el punto de referencia para la regla en toda Europa.

El rápido resurgimiento de tales medidas represivas en un país, que el PSOE y el Partido Comunista insistieron en haber resuelto su amarga historia del siglo XX de la lucha de clases, la revolución y la dictadura a través de la “transición a la democracia”, tras la muerte de Franco en 1975, es una expresión gráfica del colapso del orden capitalista global posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo político inventado durante la Transición se ha desintegrado. El PSOE, el principal partido de gobierno de la élite gobernante española en el período posterior a Franco, ha quedado desacreditado por décadas de políticas de austeridad y guerra.

La cuestión crítica es la movilización política de toda la clase obrera española y europea en la lucha contra el retorno al gobierno estatal policial y cualquier intento de movilizar al ejército.

Los trabajadores y los jóvenes en Cataluña, en toda España y en todo el continente deben exigir el fin de la brutal represión que se está llevando a cabo en Cataluña. Todas las tropas y las fuerzas gubernamentales deben ser retiradas de Cataluña y los que permanecen cautivos como prisioneros políticos liberados inmediatamente.

La oposición a la represión estatal no se puede montar bajo los auspicios de los partidos gobernantes en Madrid o los nacionalistas catalanes, que son incansablemente hostiles a la clase trabajadora.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional insiste en que la única política viable contra el peligro de la guerra y la dictadura es luchar por unificar a la clase obrera en España y Europa en una lucha contra el capitalismo y por la reorganización socialista de la sociedad. Esto solo puede llevarse a cabo en la lucha revolucionaria contra todas las facciones burguesas españolas, ya sea en Madrid o Barcelona.