En medio de enormes protestas, diputados mexicanos aprueban
contrarreforma laboral
Por Rafael Azul
19 Octubre 2012
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Este artículo apareció en inglés el 3
de Octubre del 2012.
Miles de trabajadores y estudiantes marcharon en la Ciudad de
México y otras ciudades en las dos últimas semanas
de septiembre para denunciar una nueva ley que, si es aprobada,
degradará los salarios y condiciones de trabajo para las
masas obreras. El domingo 30, en la Ciudad de México, los
manifestantes hicieron un llamado por una huelga nacional en rechazo
a la reforma laboral.
La demostraciones también denunciaron a sindicatos corporativistas
que se han declarado a favor de esta medida, que también
protege los intereses e ingresos de la burocracia.
Esta es la obra de legislación más controversial
en sexenio del Presidente Felipe Calderón. El nuevo presidente,
Enrique Peña Nieto del PRI (Partido Revolucionario Institucional)
asegura que las piezas claves de su propia administración
serán la reforma laboral y la reforma del sector energético.
Peña Nieta asumirá el poder el primero de diciembre.
El 29 de septiembre, la Cámara de Diputados federal
aprobó la nueva ley del trabajo; la versión final
fue producto de negociaciones entre el gobernante PAN (Partido
de Acción Nacional), el PRI y los sindicatos. La medida
prácticamente completa el desmantelamiento de los derechos
históricos conquistados por la clase trabajadora en duras
luchas.
El debate y el voto que comenzó el viernes 28 fueron
repetidamente retrasados debido a que los manifestantes y legisladores
del PRD (Partido de la Revolución Democrática) intentaban
tomar el podio de la Cámara de Diputados. El senado mexicano
ahora tiene un mes para discutir y votar la ley de reforma.
La colosal medida extirpa de la actual legislación laboral
42 artículos que protegen a los trabajadores y los reemplaza
con 135 cláusulas que protegen a las empresas transnacionales
y al gran capital mexicano. Los funcionarios del PAN insisten
que las estipulaciones actuales son "insostenibles"
debido a las realidades globales. En un comentario típico,
el diputado del PAN Juan Bueno Toro declaró que la legislación
beneficiaría a los trabajadores jóvenes ya que eliminaba
los abusos del sector informal de la economía.
El gobierno de Calderón cree posible convencer a los
mexicanos que esta reaccionaria ley le pondrá frenos a
la economía secreta (el sector informal) y creará
más empleos. Se basa en la dudosa teoría de que
más trabajadores podrían ser contratados si fuese
más sencillo despedirlos.
A puerta cerrada, tanto Calderón, como Peña Nieto,
como el presidente Barack Obama en los Estados Unidos y sus contrapartes
alrededor del mundo, están comprometidos a la defensa de
las ganancias capitalistas, aboliendo los derechos de la clase
trabajadora a empleos y estándares de vida decentes.
Arrodillándose ante el mantra capitalista de flexibilidad
laboral, la nueva ley le da a la clase patronal rienda suelta
para despedir a los trabajadores. Tres nuevos tipos de contratos
fueron creados: "a prueba", "en entrenamiento"
y "temporal". El propósito de estos contratos
es ofrecer a los empleadores una mayor margen de maniobra contratando
y despidiendo. Ninguna compensación por despido se otorgará
a estos trabajadores. La ley también añade a la
lista de causas por las cuales un trabajador puede ser despedido.
En el caso de los trabajadores agrarios, la ley establece nuevas
normas para los trabajadores migrantes que otorga a las empresas
agrícolas efectivamente el control total de las condiciones
bajo las que trabajan, lo que incluye la eliminación de
muchas reglas de seguridad y salud. Nada se interpondrá
a que se establezcan las mismas condiciones cuasi esclavistas
que desataron numerosas rebeliones de campesinos y trabajadores
de plantaciones en el siglo diecinueve y veinte.
Lo mismo ocurrirá con los trabajadores mineros y petroleros
quienes ya están obligados a trabajar al lado de trabajadores
subcontratados. La subcontratación -ubicua por toda América
Latina, en donde se conoce como "tercerización"-
crea lo que equivale a un fraude legalizado. Bajo el disfraz de
ser sus propios patrones, se les niega a los trabajadores pensiones
y otros beneficios. Los jóvenes son contratados como practicantes,
mientras que muchos empleados se ven obligados a entregar renuncias
en blanco, firmadas de antemano.
Los salarios y descripciones de empleos estarán a cargo
de los empresarios, así también como bonos, comisiones
y otros incentivos. Las descripciones de empleos, días
de descanso y horas de trabajo pueden ser alteradas como requieran
las necesidades de los patrones. Aquellos trabajadores que se
resistan o lleguen al punto del agotamiento, pueden ser fácilmente
reemplazados sin ningún costo para las empresas de la industrias
mineras y de energía.
El salario mínimo diario de 59.80 pesos, un sueldo de
miseria, será dividido en cantidades horarias, 7.47 pesos
por hora (alrededor US$0.60). Las normas existentes de discapacidad
y salud y la seguridad se verán debilitadas a favor de
los patrones.
El borrador original de la medida buscó imponer una
mayor transparencia para los gremios mexicanos. De acuerdo a éste
los sindicatos hubieran tenido que revelarle a la bases sus finanzas
y el ingreso de la burocracia. El borrador también imponía
una mayor democracia interna. Estos puntos fueron abandonados
cuando el PRI señaló que no apoyaría ningún
cambio al sistema "charro"-la relación corporativista
entre los sindicatos, el gran capital y el estado.
Después de la explosión del 18 de septiembre
de la planta de gas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la
ciudad de Reynosa, en la cual 30 trabajadores murieron y 40 más
fueron heridos, el líder del Sindicato de Trabajadores
Petroleros Carlos Romero Deschamps salió en defensa de
la compañía petrolera PEMEX y su registro de seguridad.
"No tenemos porqué maximizar un evento que no se lo
merece", declaró Deschamps.
Un artículo del 2008 en el diario mexicano Emeequis
reveló que Deschamps recibe US$3,000 por hora por sus servicios
a PEMEX y al estado mexicano. Otros líderes petroleros
también se benefician de estos supuestos 'incentivos económicos'
provenientes de PEMEX. Deschamps, quién fue nombrado a
su puesto por el Presidente Salinas hace casi dos décadas,
tipifica las relaciones de trabajo corporativistas.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros apoya la nueva ley,
así como lo hace el CTM, la federación de sindicatos
mexicanos, cuyos líderes participaron en las negociaciones
para "crear una nueva cultura de trabajo" con el PRI
y el PAN, lo cual condujo a esta reaccionaria legislación.
Por el otro lado, las denuncias verbales de esta ley por partidos
burgueses izquierdistas, como el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), así
también como por la seudoizquierda y los indignados del
YoSoy#132, acompañado de la tragicomedia de apoderarse
del podio de la Cámara de Diputados, está conscientemente
diseñada para desviar a los trabajadores de las consecuencias
prácticas revolucionarias de esta nueva ley hacia inocuas
protestas.
Lo que se requiere es la masiva movilización de la clase
trabajadora mexicana y norteamericana para entablar lucha política
que ponga fin a este obsoleto sistema social y lo reemplace con
un sistema que ponga las necesidades humanas por encima de las
ganancias de las grandes empresas. A pesar de sus protestas, los
partidos izquierdistas han sido cómplices por muchos años
de el sistema de talleres de explotación laboral en el
norte de México.
Son 48 años desde que las primeras plantas de ensamblaje,
las maquiladoras, fueron establecidas en la frontera México-EE.UU.
abriendo la puerta a la economía globalizada. En las décadas
subsiguientes el estado mexicano le ha garantizado al capital
transnacional la mano de obra que estos talleres ocupan a sueldos
que son una fracción de los de los trabajadores estadounidenses.
Las condiciones de seguridad y las normas de seguridad laboral
existen a criterio de los empleadores, así como el día
de ocho horas. La disciplina laboral es impuesta por los sindicatos.
Una fuerza de trabajo permanente de obreros súper explotados.
Más de 600,000 obreros trabajan bajo condiciones y con
salarios que sólo son marginalmente superiores a aquellas
que existen en Asia del Sur y China.
Si es aprobada por el Senado, esta reforma laboral promete
extender del sistema de maquila a todo México.
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