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La Corte Suprema unánimemente defiende los ataques
anti democráticos contra los trabajadores inmigrantes
Por Kevin Kearney
30 Junio 2012
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El lunes la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su
decisión en cuanto al caso del estado de Arizona contra
el gobierno federal de Estados Unidos. Sostuvo unánimemente
la disposición central de la ley anti inmigratoria del
estado—SB 1070—que obliga a la policía averiguar
el status de inmigración de toda persona que pare para
ser interrogada o detenida si existe una "sospecha razonable"
de que el individuo es un extranjero indocumentado.
La ley efectivamente le permite a la policía gran discreción
en detener y tratar de deportar a toda persona que "parece"
ser un extranjero ilegal y no lleva consigo su cédula de
identificación personal. Es una invitación descarada
para formar perfiles raciales y el acosar sistemáticamente
a hispanos, orientales y otros grupos de inmigrantes.
El gobierno de Obama jugó un papel primordial en asegurar
estos fines reaccionarios, pues limitó su ofensiva contra
la ley basándose exclusivamente en la cuestión del
federalismo. Es decir, en si los estatutos federales tienen prioridad
sobre las iniciativas de los estados en el campo de las leyes
de inmigración y el cumplimiento de la ley.
En sus argumentos desganados, el gobierno intencionalmente
ignoró el tema de mayor urgencia que el proyecto de ley
representaba: los derechos democráticos. Esto incluye la
infracción de la Cuarta Enmienda—que forma parte de
la Declaración de Derechos de la Constitución de
Estados Unidos—que prohíbe los 'registros e incautaciones
sin motivos fundados" y requiere que la policía obtenga
una orden judicial antes de conducir sus búsquedas, aunque
en realidad ésta va plagada de excepciones.
Además, el derecho a la "protección igual"
de la ley que la Cuarta Enmienda define— adoptado después
de la Guerra Civil de Estados Unidos para establecer la igualdad
ante la ley de los esclavos liberados—queda evidentemente
transgredido, pues millones ahora pueden ser sometidos a registros
basados en su status inmigratorio y en como la policía
valore las presuntas características raciales.
Al rechazar toda cuestión pertinente al derecho a la
privacidad, a la libertad de no ser acosado por la policía
y a los perfiles raciales que el clima reaccionario del estado
de Arizona ha sembrado, el gobierno ha cubierto a los presuntos
jueces liberales—Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia
Sotomayor, primer juez hispano y nombrada por Obama mismo—con
el siguiente manto político: ahora pueden hacer sus tratos
sucios con el ala semi fascista de la corte para defender la disposición
clave de la ley SB!)&). (La juez Elena Kagan se abstuvo debido
a que había participado en la demanda del gobierno de Obama
contra la ley de Arizona.)
La decisión, que consta de 75 páginas, fue escrita
por el juez Anthony Kennedy. Es confusa y se contradice a sí
misma. Se presta a interpretaciones erróneas, aparentemente
a propósito. Anula tres de las disposiciones principales
de la SB 1070, entre ellas las que hubieran criminalizado a los
inmigrantes indocumentados por no llevar consigo "documentación
de inmigración", por solicitar empleo y facilitarle
a la policía local y estatal encarcelar a individuos sólo
basándose en infracciones de las leyes sobre la inmigración.
Basándose en la Cláusula de la Supremacía
de la constitución estadounidense, la Corte Suprema anuló
estas tres disposiciones por un voto de 5 a 3. El gobierno de
Obama se había basado en esta cláusula, la cual
obliga a los jueces a obedecer las leyes federales cuando surge
un conflicto entre las leyes federales y estatales.
En otras palabras, el gobierno federal ya depende de medidas
anti inmigratorias semejantes que hace cumplir regularmente. Como
indica el Juez Kennedy: "El gobierno federal deporta a cientos
de miles de extranjeros todos los años". Esto no es
una jactancia desdentada; durante tres años seguidos, el
gobierno en el poder ha batido el récord en cuanto a las
deportaciones se refiere. Más de un millón de personas
han sido deportadas desde que Obama asumiera las riendas del poder.
Todo esto no satisface a los tres jueces más derechistas,
quienes pintan, por medio de la disensión del Juez Scalía,
una visión fantasmagórica de un ataque contra el
estado "soberano" de Arizona, el cual, sin la ayuda
de una rama ejecutiva más interesada en complacer a potencias
extranjeras que en hacer cumplir la ley, se ve obligado a luchar
por sí solo por su existencia. Scalía, Thomas y
Alito habrían defendido a la SB1070 en su totalidad.
La opinión disidente de Scalía en cuanto a "los
efectos malévolos de la inmigración ilegal"
es verdaderamente una pieza repugnante de demagogia nacionalista
y racista. Debería servir como advertencia a toda la clase
trabajadora de Estados Unidos. Aseveró que en Arizona,
"los ciudadanos se sienten sitiados por las enormes cantidades
de inmigrantes ilegales que invaden sus propiedades, abusan de
los servicios sociales y hasta ponen sus vidas [de los ciudadanos]
en peligro".
El Presidente Obama trató cínicamente de promover
la decisión anti inmigrante como victoria y dijo lo siguiente":
"Me place que la Corte Suprema a anulado las disposiciones
claves de la ley de Arizona contra los inmigrantes...ningún
estadounidense debería vivir bajo sospecha debido a su
parecer físico". Escondió el hecho sencillo
de que la corte defendió precisamente la disposición
que ahora la da a la policía la autoridad insólita
de hacer exactamente lo mismo.
En cuanto a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ésta
también alabó la decisión como victoria y
dijo: Hoy la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos
representa la victoria para el gobierno de leyes...Después
de más de dos años de pleitos judiciales, el corazón
de la SB1070 ahora se puede poner en práctica de acuerdo
a la Constitución de Estados Unidos".
Refiriéndose a la decisión como si fuera una
gran regalo, la habló con cautela a sus partidarios rabiosos:
"Nuestros críticos ya se encuentran preparando nuevas
tácticas pugnaces en reacción a su derrota en la
Corte Suprema y sin duda afirmarán que la ley no se aplica
igualmente a todos". Se refería a la sugerencia presentada
por la opinión de Kennedy y varias declaraciones de grupos
defensores de los derechos de inmigrantes, que la disposición
que obliga a la persona a "mostrar sus documentos" podría
eventualmente ser declarada inconstitucional si Arizona la hace
cumplir de manera demasiado flagrante o discriminatoria.
El presunto antagonismo entre Obama y Brewer—inclusive
el encuentro hostil que tuvieron en un aeropuerto el año
pasado y que recibiera mucha publicidad—no puede esconder
el hecho que tanto el gobierno federal como el estado de Arizona
se han comprometido a llevar a cabo la represión bestial
de trabajadores inmigrantes.
Este pacto mostró la afinidad entre las alas liberales
y conservadoras de la Corte Suprema cuando ambas defendieron unánimemente
la peor (discutiblemente) disposición de la SB1070—Artículo
2(B)—que le da a las autoridades de Arizona la licencia de
facto para acosar y perfilar racialmente a todos los trabajadores
de descendencia hispana y oriental basándose únicamente
en la apariencia física.
Esta sección de la opinión merece que se escudriñe
más minuciosamente. Aunque la mayoría de la corte
opinó que la ley federal suplanta todas las otras disposiciones
de la SB1070, inexplicablemente se retorcija en nudos para defender
el Artículo 2(b). La corte rechaza la posibilidad que los
registros inmigratorios obligados resulten, según la discreción
de la policía, en el abuso. Es ridículo que la corte
presuma que los agentes de la policía de Arizona no van
a tomar en cuenta la raza cuando comienzan a sospechar acerca
del status inmigratorio de la persona y que no se van a valer
de la ley para acosar a la gente y aumentar las deportaciones.
Aunque la opinión de los jueces no lo mencionó,
los derechos básicos a la privacidad sostenidos por la
Cuarta Enmienda a la constitución han sido enormemente
socavados durante los últimos 30 años. Las normas
legales de "sospecha razonable" y "motivo suficiente"
para arrestar a individuos han sido reducidas a límites
legales simbólicos que casi no le dan ninguna protección
verdadera a la persona que la policía sospecha. El resultado
ha sido la enorme expansión de los delitos menores que
puedan justificar arresto.
Este proceso le ha dado a la policía de todo el país
una autoridad sin precedentes para arrestar a casi toda persona
que se encuentre en cualquier circunstancia, como bien saben muchos
trabajadores de sus amargas experiencias. Por esta razón
sería increíblemente fácil que un agente
de la policía "encuentre" un delito que justifique
el arresto luego de "sospechar" que alguien es un inmigrante
indocumentado.
Una vez que el individuo sea arrestado, todo individuo que
sea atrapado residiendo ilícitamente en el país
será enviado a un centro federal de detenciones para ser
deportado, lo cual sucede en una mayoría preponderante
de las veces. En su afán de purgar y convertir a toda una
población y convertirla en chivo expiatorio, Arizona y
otras autoridades del estado sin duda han de acosar a grandes
cantidades de ciudadanos estadounidenses que son de apariencia
y genealogía "equivocadas".
El dictamen de la corte proviene de la rápida expansión
de los poderes represivos de la policía por parte de los
gobiernos de Bush y de Obama, lo cual constituye su reacción
a la creciente desigualdad social interna durante la última
década; reacción que, como en este caso, ha sido
facilitada por el sistema judicial y los jueces nominados por
los presidentes de ambos partidos
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