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Miles de jóvenes inmigrantes estadounidenses aspiran a nuevo programa de permiso de trabajo

Por Kate Randall
21 Agosto 2012

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Miles de jóvenes inmigrantes indocumentados hicieron cola el miércoles 15 de agosto para inscribirse en un programa que posiblemente les permita permanecer temporalmente en los Estados Unidos y obtener permisos de trabajo. En junio, el presidente Obama autorizó esta medida de acción diferida (DACA, siglas en inglés) para jóvenes indocumentados que ingresaron al país en su niñez. el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a aceptar solicitudes la semana pasada.

En Chicago, las filas comenzaron a formarse el martes por la noche en Navy Pier para participar en un taller de solicitud. Al otro día ya se habían congregado más de 10,000 personas. En Los Ángeles, las colas comenzaron a formarse a las 5 de la mañana el miércoles frente a las oficinas de una organización proderechos inmigrantes. Miles más formaron colas en Los Ángeles, Miami, Boston, Houston y otras ciudades con grandes poblaciones inmigrantes.

Se estima que unos 1.7 millones de jóvenes inmigrantes-que han adoptado el nombre Dreamers- cumplirían con los requisitos que impone este programa. Además de permisos de trabajo en Estados Unidos, aquellos que sean admitidos al programa podrían también obtener licencias de conducir, tarjetas de Seguridad Social y tener acceso a ciertos programas sociales.

Obama decretó DACA después de que se estancara el en Congreso Federal el proyecto de ley Dream Act, que, de haber sido aprobada, hubiera hecho posible que los dreamers se hicieran ciudadanos. Los que participen en DACA no podrán aspirar al estatus de residente permanente (tarjeta verde) o a la ciudadanía norteamericana. DACA no otorga amnistía y los solicitantes que salgan exitosos tendrán que volver a gestionar cada dos años. Todos los que sean rechazados para el programa no podrán apelar la decisión.

Al ocurrir tres meses antes de la elección presidencial, la provisión de derechos limitados a un pequeño sector de inmigrantes es un gesto cínico, parte de un esfuerzo para obtener votos latinos. En el peor de los casos, la información obtenida en el proceso de solicitud podría ser usada contra los inmigrantes y sus familias. DACA no afectará el agresivo esfuerzo antiinmigrante del gobierno de Obama, que desde hace rato viene deteniendo y deportando inmigrantes en gran escala.
Los requisitos de acción diferida son muy estrictos. Los Dreamers deben haber sido menores de 31 años antes del 15 de Junio de 2012 y haber llegado a los EE.UU. antes de la edad de 16.

Deben haber vivido continuamente en los EE.UU. desde el 15 de Junio del 2007. Deben estar en la universidad, tener un diploma de escuela secundaria, o su equivalente, o ser un veterano militar sin tachas. Ellos no pueden haber sido declarados culpables de un delito grave, o de tres o más delitos menores. Alrededor del 15 por ciento de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en los EE.UU. cumple con esos criterios.

Como DACA fue creado bajo orden del poder ejecutivo, el programa se financia solamente con los pagos de los solicitantes,$465 por persona. Esta es una gran cantidad de dinero para una joven persona que no haya podido obtener un permiso de trabajo o tener becas o préstamos del gobierno. Se les advierte a los solicitantes bajo decisión pendiente no viajar al exterior. Si un individuo es aprobado y desea viajar fuera del país, él o ella tendrá que solicitar permiso para volver a entrar, un proceso que le costaría otros $360.

Dejando a un lado las onerosas condiciones y altos costos, muchos inmigrantes y sus abogados temen que un procedimiento que pretende proveer oportunidades pueda exponer a sus familiares y a ellos mismos al riesgo de la deportación. Los jóvenes temen que las autoridades usarán la información que entreguen en las solicitudes para rastrear a sus parientes indocumentados que no califican para el programa.

Los solicitantes deben presentar documentos que prueben su identidad, lo que podría incluir pasaportes, certificados de nacimiento, expedientes académicos y médicos, entre otros registros. Declaraciones juradas, firmadas bajo pena de perjurio, pueden servir pruebas de identidad. Cualquier persona que haya cometido fraude puede inmediatamente ser referida a las autoridades inmigratorias y ser deportada.

En California central un grupo de derechos de los inmigrantes aconseja a los trabajadores agrícolas y a sus hijos a no participar en DACA. "Los agentes de Inmigración podrían detenerlos el mismo día", le dijo a CBS News Manuel Cunha, presidente de la Liga de Agricultores Nisei: "Aunque no lo hagan, si esta política es disuelta, ahora el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, siglas en inglés) tiene las direcciones de todas las familias. ¿Por qué denunciarías a tus padres?".

Las garantías del Departamento de Seguridad Nacional de que no usará la información "general" del solicitante para rastrear a sus familiares deben ser vistas con total escepticismo ya que vienen de una agencia que ha proseguido una feroz política contra los inmigrantes bajo este, el primer, mandato de Obama.

Operación Cross Check, del ICE, ha resultado en más de 7,400 arrestos. Aunque el gobierno asegura buscar a inmigrantes envueltos en serias ofensas criminales, defensores de inmigrantes alegan que las operaciones están siendo usadas como una herramienta general de deportación para detener al gran número de inmigrantes que viene a los EE.UU. en búsqueda de trabajo.
La Casa Blanca ha utilizado y ampliado el programa Secure Communities[S-Com], creado en el 2008 bajo el presidente Bush. S-Com coordina agencias policíacas federales, estatales y locales para incrementar las deportaciones, utilizando tecnologías biométricas, entre otras, para compilar extensos archivos de datos de inmigrantes.

Obama ha llevado a cabo una política agresiva y militarizada en frontera EE.UU.-México. Hizo alardes, en un discurso de Mayo del 2011: "Ahora tenemos más tropas en la frontera suroeste que en cualquier otro tiempo de nuestra historia", dijo. Agregó que "la patrulla fronteriza tiene 20,000 agentes, más del doble de lo que había en el 2004, esto es un aumento que comenzó bajo el Presidente Bush y que nosotros hemos continuado".

Según cálculos conservadores, durante los últimos 10 años, unos 2,000 hombres, mujeres, niños y ancianos han muerto intentando cruzar hacia los EE.UU. Debido a la militarización de la frontera, incluyendo la construcción de barreras de alta tecnología, controles y otras nuevas medidas, la gente que quiere entrar a los EE.UU. ha tenido que buscar nuevas rutas en tramos remotos del abrasador desierto, a veces sucumbiendo a la hipertermia y la deshidratación.

En Junio, la Corte Suprema de EE.UU. unánimemente confirmó la provisión clave de una ley antiinmigrante en el estado de Arizona, SB 1070, que requiere que los oficiales de policía verifiquen el estatus de inmigración de cualquiera persona que detengan si existe "sospecha razonable" de que el individuo sea un inmigrante. Debatiendo ese caso, el gobierno Obama se limitó sus a cuestionar a la ley diciendo que estatutos federales previenen iniciativas estatales sobre inmigración, haciendo caso omiso al asalto a derechos democráticos que esta ley refleja.

En relación a la nueva política de la administración Obama con respecto a los jóvenes inmigrantes indocumentados, la gobernadora de Arizona Jan Brewer, una republicana, ha emitido una orden ejecutiva a las agencias estatales de que a los inmigrantes que obtengan autorizaciones de trabajo bajo el DACA se les nieguen licencias de conducir y otros beneficios públicos. Se estima que esto afectaría a unos 80,000 residentes de Arizona.

Por su parte, los políticos Demócratas están buscando sacar ventaja de este decreto en el tiempo que quede antes de las elecciones de Noviembre. Rahm Emanuel, el ex jefe de gabinete de Obama y ahora alcalde de Chicago, apareció el miércoles en Navy Pier para dirigirse a los jóvenes inmigrantes que estaban haciendo cola allí. "Que nadie les diga que un día como hoy al hombre que ocupa la Oficina Oval no les importa ustedes", dijo.

Emanuel también anunció que la ciudad había obtenido $275,000 de donantes privados para un fondo de becas universitarias para los exitosos aspirantes a DACA. Teniendo bajo consideración de que las encuesta más recientes indican que un presupuesto universitario "moderado" para una universidad pública en Estados Unidos para el año académico 2011-2012 requiere $21,447, la beca solamente cubriría alrededor de una docena de estudiantes por un año.