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No a la dictadura de los bancos en Detroit
Declaración de Jerry White, candidato a presidente
por el PSI
12 Abril 2012
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el autor
El "acuerdo de consentimiento" pactado entre el Consejo
de la Ciudad de Detroit y la administración del gobernador
de Michigan Rick Snyder es el resultado de una conspiración
contra la clase trabajadora de esa ciudad. El acuerdo se hizo
entre los banqueros a puertas cerradas. Luego fue pasado para
su implementación a sus sirvientes políticos en
los partidos Republicano y Democrático, y también
la dirección sindical.
Como candidato a la presidencia por el Partido Socialistas
de la Igualdad (PSI) hago un llamado a todos los trabajadores
del área metropolitana de Detroit a que tomen acción
contra este último ataque. En primer lugar, esto requiere
de la construcción de nuevas organizaciones de lucha basadas
en un nuevo programa político.
El "acuerdo de consentimiento" les otorga a los funcionarios
de la ciudad el poder de dictar contratos sindicales e implementar
enormes cortes en servicios públicos. El "acuerdo"
le permite a la ciudad desechar concesiones por $360 millones
negociadas recientemente con los sindicatos de la ciudad y reemplazarlos
con medidas aun más punitivas. Entre estas se incluyen
cambios en las reglas laborales y el reemplazo de un plan de pensión
definido por un programa 401(k) para los nuevos contratados. También
contempla ataques contra los beneficios de salud y las pensiones
de los jubilados de la ciudad y sus familias. Miles de trabajadores
perderán sus empleos.
Los ataques contra la población de Detroit serán
utilizados como un ejemplo para un enfrentamiento contra toda
la clase trabajadora estadounidense e internacionalmente, de la
misma manera como se están usando las salvajes medidas
de austeridad contra el pueblo griego. El gobierno de Obama suele
citar a Detroit como el modelo del "resurgimiento" de
la economía norteamericana. En realidad se está
usando como un campo de prueba para la implementación de
sus políticas derechistas, incluyendo la privatización
de la educación pública a través de las escuelas
que reciben fondos privados y el recorte del salario de los trabajadores
automotrices a niveles de pobreza.
Cada vez más la clase dirigente ignora cualquier pretensión
de controles democráticos en el proceso de imponer las
políticas más impopulares.
El "acuerdo de consentimiento" le otorga enormes
poderes a instituciones con personal que no ha sido elegido por
el pueblo, quienes tendrán la última palabra en
materia de finanzas. Crea igualmente una junta de consejeros de
nueve miembros, elegida conjuntamente por los gobiernos de la
ciudad y el estado, cuyo fin será revisar y monitorear
el presupuesto. Además, un gerente financiero y gerente
de proyectos tendrán la potestad de intervenir para imponer
mayores cortes y supervisar la reducción y consolidación
de departamentos.
El resultado del "debate" entre Lansing y Detroit
es que la ciudad retendrá el rol de imponer los ataques
contra la clase trabajadora. Sin embargo, si Lansing considera
que los ataques no han sido lo suficientemente profundo, se reserva
el derecho de designar a un Administrador de Emergencia con poderes
dictatoriales, pasando por encima de los contratos sindicales,
vendiendo activos de la ciudad, cortando servicios y aun destituyendo
funcionarios elegidos por el público.
Todo el aparato político está unido contra la
clase trabajadora, la cual no tiene representación alguna.
Cualquiera que sean sus diferencias tácticas, el Alcalde
demócrata Dave Bing, el Consejo de la Ciudad de Detroit,
controlado por los demócratas, el gobernador republicano
Rick Snyder, el Tesorero del Estado de Michigan, el demócrata
Andy Dillon y los líderes de varios sindicatos están
de acuerdo que la clase trabajadora pague por la crisis que enfrenta
la ciudad.
Políticos del Partido Democrático, sacerdotes
y líderes sindicales han intentado presentar el asunto
como uno de división entre razas, con los afroamericanos
de Detroit enfrentándose a los políticos blancos
de la capital del estado, Lansing. Esta postura es falsa y reaccionaria
hasta los huesos. La referencia de políticas raciales tiene
como objetivo encubrir las cuestiones fundamentales de clase social,
mientras, al mismo tiempo, mantiene la autoridad política
de los funcionarios de la ciudad que son tan hostiles a la clase
trabajadora y están comprometidos en defender los intereses
corporativos de la administración de Snyder.
Las condiciones en Detroit demuestran el fracaso del sistema
económico capitalista basado en la propiedad privada de
los medios de producción. La ciudad, que en una época
era un gran centro industrial, se ha visto desbastado por el colapso
de la industria automotriz y hoy es la ciudad más pobre
de los EE.UU. Está llena de edificios abandonados y lotes
vacantes, y los servicios públicos como transporte en autobús
e iluminación de las calles se encuentran en un avanzado
estado de decaimiento.
En los próximos meses, el PSI luchará para formar
nuevas organizaciones de lucha, independientemente de los sindicatos,
para unir a toda la clase trabajadora contra el ataque de los
bancos. Nada se podrá ganar sin una lucha.
Lo que necesitamos ante todo es un nuevo partido y un nuevo
programa para la clase trabajadora. Para luchar contra estas condiciones
la clase trabajadora debe romper políticamente con los
demócratas y republicanos, los dos partidos de Wall Street,
y tomar en sus propias manos la lucha por el socialismo. El PSI
participa en estas elecciones para presentar una alternativa política
independiente para defender los empleos y estándares de
vida.
Rechazamos el reclamo repetido hasta el cansancio por lo políticos
representantes de las grandes corporaciones y los medios de comunicación
de que no hay dinero para costear programas sociales vitales.
¡Es una despreciable mentira! Hay mucho dinero cuando se
trata de pagar bonos multimillonarios a los gerentes de bancos,
fondos de inversión y otros parásitos financieros.
La misma semana que la ciudad aprobó el "acuerdo de
consentimiento", la corporación Ford anunció
que le pagaría a su gerente general Alan Mulally $29,5
millones por el año 2011.
Los derechos de los trabajadores bajo ataque son incompatibles
con la propia existencia del sistema capitalista para la ganancia.
Debemos organizar la sociedad en una nueva base racional; producción
para la necesidad humana, no para la ganancia privada. Esto significa
la lucha por el socialismo, la propiedad y control democrático
por la clase trabajadora de las fuerzas productivas.
Llamo a todos los trabajadores que estén de acuerdo
con este programa a que apoyen y participen activamente en a campaña
presidencial del Partido Socialista de la Igualdad.
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