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Los abogados de Guantánamo denuncian una década
de torturas y abusos
Por Peter Daniels
20 Septiembre 2011
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el autor
En medio de interminables perogrulladas patrióticas
e intentos de incitar al chauvinismo en el décimo aniversario
de los ataques del 11-S, poca atención se prestó
en los medios, y ninguna por parte de los funcionarios del gobierno,
al recuerdo de los devastadores ataques contra los derechos democráticos
y constitucionales a lo largo de la pasada década.
Una mesa redonda celebrada el 8 de septiembre en el John Jay
College de Justicia Penal de la ciudad de Nueva York, pocos días
antes del aniversario, destacó como uno de los pocos intentos
de explicar lo que ha sucedido y continúa perpetrándose
en el campo de la prisión de Guantánamo y en más
lugares como parte de la “guerra contra el terror” lanzada
tras los ataques de 2001.
La mesa redonda de abogados formaba parte de una serie de programas
del John Jay College, que complementan el Proyecto de Actuaciones
del 11-S, incluyendo tres obras de teatro y una serie de actuaciones
que tienen por objetivo examinar “el incremento de la islamofobia,
la violencia y la codicia” durante este último período.
Los oradores del evento del 8 de septiembre, que estuvo presidido
por la premiada actriz Kathleen Chalfant, incluían a un
grupo de abogados que han pasado la mayor parte de la década
luchando a favor de quienes se encuentran indefinidamente detenidos
en Guantánamo. En la reunión se escuchó a
la profesora Martha Reyner, del Fordham Law School; a Alexander
Abdo, de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses
(ACLU; por sus siglas en inglés); a Jonathan Hafetz, del
Seton Hall Law School, y a Gitanjali Gutierrez, del Centro por
los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés).
Un folleto del CCR, repartido en la reunión y titulado
“Guantánamo en Cifras” proporcionaba una breve
descripción de la historia de Guantánamo durante
los últimos diez años. Hasta ahora, se ha liberado
a 600 hombres, pero 171 permanecen aún encarcelados allí.
El 92% de los que pasaron por Guantánamo no eran combatientes
de Al-Qaida, “según los propios archivos del gobierno
estadounidense”. 89 han sido liberados pero siguen allí
detenidos. 20 o más podrían salir de inmediato pero
tienen miedo de que les torturen o maltraten en sus países
de origen. Solo 7 hombres fueron acusados de un delito, y dos
de ellos están ya libres. La cifra de “altos funcionarios
del gobierno a los que se ha hecho responsable de detenciones
equivocadas y torturas”, nos informa el CCR, “es cero”.
Los participantes detallaron el significado de esas estadísticas.
Abdo, un abogado del equipo del Proyecto de Seguridad Nacional
de la ACLU, señaló en la apertura de su intervención
que la administración Obama, aunque afirma que trata de
“mirar hacia adelante y no hacia atrás”, se niega
a investigar las conductas criminales que se produjeron durante
la presidencia de Bush, pero al mismo tiempo sigue utilizando
los testimonios extraídos mediante torturas para justificar
la continuada detención indefinida de decenas de presos
que no han visto a sus familias en casi una década.
Desde luego, lo que ahí está en juego es más
que el encubrimiento de la administración Bush. La administración
demócrata sigue cometiendo gran parte de los ilegales abusos
de poder perpetrados por su predecesor.
Abdo se refirió a las 2.000 fotografías existentes
sobre torturas en Afganistán e Iraq, a las que tanto los
gobiernos de Bush como de Obama niegan el acceso, que demostrarían
incuestionablemente cuán ridícula es la afirmación
de que Abu Ghraib fue el trabajo de “unas cuantas manzanas
podridas”. Se refirió también a la continuada
clasificación de un documento del 17 de septiembre de 2001,
por el cual George W. Bush autorizaba el establecimiento de los
denominados “sitios negros” que fueron proyectados para
la tortura.
De unos 200 resultados de las autopsias realizadas de fallecidos
en prisión, Abdo continuó, 30 fueron claramente
homicidios, pero ni una sola víctima o familia de las víctimas
ha tenido un día en un tribunal. Al contrario, el ex Vicepresidente
Cheney siente la suficiente confianza como para atribuirse el
mérito de su papel en las torturas.
El procedimiento se diseñó con la inmunidad in
mente, explicó el orador. Todos los implicados podrían
señalar con el dedo hacia otra parte, en una especie de
“juego circular de trileros”. Estaban quienes solo seguían
órdenes, los políticos por encima de ellos, que
solo estaban siguiendo los consejos de sus propios abogados y,
finalmente, los mismos abogados del gobierno, que solo eran “abogados”.
El tristemente célebre caso de José Padilla fue
uno de los ejemplos más flagrantes del tipo de lógica
“Catch-22” que se utilizó para justificar crímenes
indescriptibles. Padilla, a quien representó la ACLU, fue
un ciudadano estadounidense a quien se mantuvo incomunicado y
brutalmente tratado durante tres años y ocho meses, antes
de que le trasladaran y le juzgaran a partir de acusaciones con
las que no tenía nada que ver. El tribunal de distrito
estadounidense rechazó sus esfuerzos para obtener reparaciones
por el trato cruel e inhumano al que se había visto sometido.
Jonathon Hafetz discutió la forma en que las autoridades
habían manipulado el lenguaje para encubrir y justificar
violaciones flagrantes de los derechos constitucionales. Por ejemplo,
“enemigo combatiente”, se utilizó para sustituir
a prisionero de guerra. Aunque el gobierno de EEUU afirmaba que
estaba combatiendo “una guerra contra el terror”, reclamaba
el derecho a ignorar los Convenios de Ginebra y a mantener indefinidamente
a “combatientes enemigos” sin celebrar juicio.
Hafezt explicó también cómo la existencia
misma de Guantánamo, en territorio cubano, se utilizó
para manipular la cuestión de la jurisdicción. Al
encontrarse formalmente fuera de los EEUU, se convirtió
en un lugar adecuado para torturar y abusar a los detenidos más
allá del alcance de las acciones legales que podrían
haberse aplicado en territorio estadounidense.
Por otra parte, la cláusula del Comandante-en-Jefe de
la Constitución de EEUU se utilizó de una forma
orwelliana, ampliando la definición de líder de
las fuerzas armadas durante un tiempo de guerra a la de, prácticamente,
monarca dotado de un poder ejecutivo sin control. Esto se interpretó
para justificar la suspensión de tratados, la captura de
ciudadanos estadounidenses, el espionaje sin orden judicial y
la creación de comisiones militares para eludir los juicios
con jurado.
Los tribunales, a pesar de más de 70 decisiones en casos
de habeas corpus, no han hecho nada para acabar con ninguno de
los serios abusos de poder, declaró Hafetz. Las detenciones
extrajudiciales continúan, y no sólo en Guantánamo.
En la base aérea de Bagram, en Afganistán, sigue
habiendo más de 2.000 prisioneros. Ni una sola víctima
de tortura ha recibido indemnización alguna por haber padecido
tal violación.
Además, prosiguió Hafetz, existen planes para
ampliar en gran medida las horrendas violaciones de los derechos
humanos perpetradas en la pasada década. El Congreso está
considerando legislaciones diversas que supondrían detención
indefinida para ciertas acusaciones “relacionadas con el
terrorismo”, sin que importe que el presidente decidiera
conceder la celebración de un juicio.
Gitanjati Gutierrez explicó con toda crudeza como cayeron
la inmensa mayoría de los detenidos de Guantánamo
en las garras de la maquinaria de guerra estadounidense. Hombres
y muchachos fueron capturados por las calles en las siguientes
semanas al 11-S y vendidos a cambio de un botín. La mayoría
de ellos no tenían nada que ver en absoluto con actividad
alguna de combate.
Gutierrez discutió algunos de los casos importantes
en los cuales había estado trabajando durante la anterior
década en relación con Guantánamo. Estos
casos incluían los de Moazzam Begg y Feroz Abbasi, dos
de los nueve hombres británicos a quienes se mantuvo incomunicados
hasta su liberación a principios de 2005, y cuya posterior
lucha para limpiar sus nombres y exigir responsabilidades a sus
torturadores pudo llegar a una amplia audiencia internacional.
Gutierrez es también una de las abogadas de Mohammed
al-Qahtani, un ciudadano saudí que lleva retenido en Guantánamo
desde enero de 2002. El ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld
justificó la tortura de al-Qahtani y otros cuando hizo
el infame comentario de “Yo estoy de pie ocho horas al día,
¿por qué ellos no pueden?” A al-Qahtani se
le permitió dormir solo cuatro horas por la noche, se le
mantuvo en confinamiento solitario durante meses, se le sometió
a humillaciones sexuales y se amenazó a su familia. Se
llevó a personal médico para que calibrara los métodos
permisibles y dar el visto bueno a las torturas. La primera vez
que Gutierrez se reunió con su cliente, en 2005, “era
un ser humano destruido”.
“Guantánamo es ahora como una muerte en vida”,
declaró Gutierrez. “EEUU sigue utilizando la tortura.
Con suerte, han terminado algunos de los hechos más extremos,
como la simulación de ahogamiento. Pero todavía
se permite la privación del sueño y la detención
indefinida sin que puedas saber tu destino. La Cruz Roja llama
a eso tortura.”
Su experiencia ha “alterado profundamente mi forma de
pensar sobre mi país”, dijo. “Como ciudadana
estadounidense ya no puedo creer nunca más en nuestro país...
Creo en las personas”. Nuestro papel debe ser “mantener
viva la llama, sin que importe lo pequeña que esa luz pueda
ser”.
Hay un cierto pesimismo reflejado en esos comentarios. Esos
abogados, y otros, han emprendido durante muchos años una
lucha muy valiente. Como explicó uno de los oradores presentes
en el foro, se han topado con los límites de los tribunales
y del sistema legal. Los sentimientos de desaliento y aislamiento,
a pesar de ser comprensibles, especialmente a la luz de la continuada
farsa de Guantánamo, no son la respuesta.
Tenemos que elaborar lecciones políticas urgentes. Los
crímenes de guerra tanto de la administración de
Bush como la de Obama son el producto de un sistema anticuado
y reaccionario, no de los individuos. Las batallas legales deben
ir guiadas por una estrategia política, que incluya sobre
todo la necesidad de una ruptura fundamental con los defensores
tanto demócratas como republicanos de la tortura y otros
ataques a los derechos democráticos, y hay que basar la
lucha contra esas atrocidades en las clases trabajadoras de EEUU
y en las de todo el mundo.
Traducido
del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
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