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Golpe en Honduras enrtra en su tercer mes
Por Bill Van Auken
2 Septiembre 2009
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el autor
Este artículo apareció en nuestro sitio en
su inglés original el 29 de agosto, 2009.
Ya hace tres meses que soldados hondureños secuestraron
al presidente electo país, Manuel Zelaya, y lo forzaron
dentro de un avión para expulsarlo al exterior.
El golpe de estado del 28 de junio instaló un régimen
derechista con el respaldo de las fuerzas militares, la oligarquía
nacional y las empresas multinacionales que obtienen enormes ganancias
de la explotación de los trabajadores hondureños.
A pesar de la resistencia popular de las masas y una condena
formal del golpe por parte de Washington y la Organización
de Estados Americanos y varios gobiernos latinoamericanos, el
régimen golpista de Roberto Micheletti todavía mantiene
las riendas del poder. Ahora se prepara para celebrar elecciones
fraudulentas para escoger al sucesor de Zelaya.
El régimen se ha mantenido en el poder, en el primer
lugar, por medio de una represión salvaje que aumenta cada
día. Durante las últimas semanas, informes emitidos
por varias organizaciones que defienden los derechos humanos han
documentado la violencia que el estado ha desatado contra el pueblo
trabajador hondureño, el cual en su inmensa mayoría
se ha opuesto a la dictadura.
Amnistía Internacional ha documentado una gran cantidad
de arrestos y palizas a manifestantes, además de los asesinatos
y “desapariciones”. El grupo, que defiende los derechos
humanos, ha acusado al régimen golpista de valerse de una
“fuerza excesiva y detenciones cuantiosas para manejar a
manifestantes pacíficos” a la vez que “niegan
el derecho a la expresión y a la información cuando
clausuran los medios de prensa, confiscan equipos y atacan físicamente
a periodistas y a fotógrafos”.
Similarmente, una delegación de la Comisión Interamericana
sobre los Derechos Humanos (CIADH), que funciona como parte de
la OEA, ha encontrado “un patrón de fuerza pública
indebida, detenciones arbitrarias y un control de la información
cuyo objetivo es restringir la participación política
de un sector de la ciudadanía”.
La agencia declaró que había “confirmado
el uso de la represión contra manifestantes por medio del
bloqueo militar de las carreteras; el la aplicación arbitraria
de toques de queda; la detención de miles de gente y su
tratamiento cruel, inhumano y denigrante; y condiciones carceleras
pobrísimas”. Se calcula que hasta 4,000 personas han
sido encarceladas arbitrariamente.
La comisión citó la muerte a balazos de por lo
menos cuatro manifestantes, palizas bestiales de otros tantos
manifestantes, inclusive a ancianos - hombres y mujeres - con
“porras policíacas y otros instrumentos contundentes
hechos de goma, hierro y madera”. Se ha reportado que grupos
de agentes de la policía han violado sexualmente a mujeres
que fueron detenidas durante las manifestaciones.
Aún con semejante represión tan brutal, los trabajadores,
campesinos y estudiantes hondureños continúan llevando
a cabo huelgas, manifestaciones enormes y otros actos de resistencia
como parte de un movimiento de las masas que no tiene precedentes
en la historia del país.
Esta heroica lucha ha ayudado a desenmascarar dos ficciones
políticas. La primera consiste en el fraude de que el gobierno
de Obama ha inaugurado una nueva era de no-intervención
y respecto recíproco en las relaciones entre Estados Unidos
y Latinoamérica. La segunda es que los regímenes
burgueses de variedad nacionalista o populista de la región
— desde el de Chávez en Venezuela al del mismo Zelaya
- ofrecen una solución a la clase trabajadora y a las masas
oprimidas.
No obstante las declaraciones formales de Obama oponiéndose
a la deposición de Zelaya, el Departamento de Estado de
Estados Unidos, dos meses después del acontecimiento, todavía
no lo ha llamado un golpe de estado. De otra manera, Estados Unidos
tendría que ponerle paro a toda ayuda al régimen
hondureño.
Aún más revelador: ni Obama ni nadie más
en su gobierno ha hecho la menor crítica a las matanzas,
las desapariciones, la tortura y las detenciones de grandes cantidades
de gente en el país. Y la prensa estadounidense por su
parte casi no ha llamado la atención a estos crímenes.
Mientras tanto, el Pentágono continúa sus actividades
militares en la base de Estados Unidos en Soto Cano - la mayor
de la región - en la cual 600 tropas norteamericanas y
cientos de contratistas civiles independientes colaboran íntimamente
con los militares golpistas hondureños.
Pero casi es imposible que los militares hondureños
y la oligarquía que rige al país, quien ha sido
el cliente más servil del imperialismo yanqui por más
de un siglo, llevarían a cabo semejante acción sin
la luz verde de Washington.
El gobierno de Obama, muy lejos de de fomentar una era de paz
y harmonía, ha lanzado una campaña para reafirmar
el dominio de Estados Unidos sobre Latinoamérica, valiéndose
para ese propósito de sus fuerzas militares como manera
de contrarrestar el desafío económico que ahora
presentan China, Europa y otros competidores de la misma región.
Dos cosas indican que ésta es la verdadera estrategia de
Estados Unidos: el reciente furor desatado por el acuerdo de Colombia
con el Pentágono de proveerle a este último bases
para el despliegue de “fuerzas rápidas de reacción”
a cualquier del hemisferio; y los planes continuos de Estados
Unidos para resucitar a su Cuarta Flotilla.
La reacción principal de Washington al golpe ha sido
instigar los esfuerzos de mediación por el presidente costarricense,
Oscar Arias - quien por largo tiempo ha sido de gran provecho
para Estados Unidos - y el apoyo a su llamado Acuerdo de San José.
Esta propuesta haría regresar a Zelaya al palacio presidencial
como un presidente sin ninguna autoridad, subordinado al gobierno
de “unidad nacional y conciliación” dominado
por los militares y los elementos políticos que lo derrocaron
en primer lugar. A los que participaron en el golpe y pusieron
en marcha y la represión bestial que siguió se les
ofrecería amnistía total. Y también prohibiría
todo intento de convenir una asamblea constituyente para enmendar
la reaccionaria constitución de 1992, que fue impuesta
por los Estados Unidos y los militares hondureños.
Semejante acuerdo aseguraría ciertos objetivos claves
del derrocamiento del 28 de junio y tendría el efecto de
legitimar los golpes militares por todo el hemisferio.
Que Zelaya acepta esta conspiración indica que es incapaz
de - y que no tiene la voluntad para - desafiar los límites
de la política burguesa y el domino imperialista de Honduras.
Más bien, toda su estrategia para segurar su retorno a
la presidencia se ha basado en pedirle al gobierno de Obama que
imponga sanciones aún más severas contra el régimen
que su propio Partido Liberal y Micheletti, su viejo aliado político,
dirigen.
Los gobierno latinoamericanos, inclusive el de Chávez
en Venezuela, han mostrado una impotencia similar, condenando
al golpe solamente con palabrerío al mismo tiempo que débilmente
le imploran a Obama que ponga en su sitio a los oligarcas y militares
hondureños.
Los eventos en Honduras han causado que las líneas que
separan a las clases sociales queden bien demarcadas. Han sido
los trabajadores hondureños que, con el respaldo de los
campesinos y estudiantes, han luchado intransigentemente contra
el régimen golpista, aún cuando el propio Zelaya
ha buscado la manera de llagar a un acuerdo, tramado por Estados
Unidos, con los dirigentes del golpe.
La disposición de Zelaya en participar en semejante
pacto confirma las amargas lecciones amargas del período
reciente en Latinoamérica en que solo huno derrotas, desde
Brasil en 1964, a Chile en 1973, Argentina en 1976. La clase trabajadora
no puede defenderse de los golpes militares y las dictaduras si
subordina sus luchas a las llamadas facciones “progresistas”
de la burguesía.
Solo la clase trabajadora, al movilizar su poder político
independiente contra el régimen golpista y el orden capitalista
que éste defiende, puede evitar una “paz” contrarrevolucionaria
en Honduras. Esta lucha ha de llevarse hacia delante por medio
de la demanda por un gobierno de trabajadores y campesinos; y
la expropiación de las “diez familias” que constituyen
la oligarquía y de las empresas multinacionales que respaldaron
el golpe. Todo ello requiere la transformación socialista
de Honduras y toda la región.
En esta lucha, los trabajadores hondureños no van a
encontrar ningún apoyo, ni en sanciones impuestas por Obama,
ni en la ayuda de Chávez y otros regímenes latinoamericanos.
Al contrario; encontrarán dicho apoyo del pueblo trabajador
de Latinoamérica y Estados Unidos mismo, ambos quienes
se encuentran impulsados a batallas clasistas por la crisis económica
histórica que azota al capitalismo mundial.
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