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La Exoneración de los Policías de Nueva York:
el Tribunal Sancionan el Asesinato de Amadou Diallo
Por la Junta Editorial
28 Febrero 2000
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Los veredictos de exoneración que se anunciaron el 25
de febrero pertinentes al asesinato policíaco de Amadou
Diallo fueron un escándalo, pero nada sorprendentes.
Los cuatro agentes de policía—Sean Carroll, Edward
McMellon, Kenneth Boss y Richard Murphy—habían dicho
ante el jurado en Albany, Nueva York, que la muerte de Diallo
había sido un trágico accidente. Sean Carroll le
declaró al jurado que a él le pareció,
cuando los agentes vestidos de civiles se le acercaron a Diallo
mientras éste estaba parado delante la puerta de su domicilio
en el Bronx, que la cartera que el inmigrante de Africa Occidental
había sacado de su bolsillo era un pistola. Carroll le
advirtió a sus compañeros y reventó la rociada
de balas.
El jurado decidió que no se había perpetrado
ningún crimen, ni siquiera homicidio involuntario u homicidio
a causa de negligencia criminal, en la muerte de este hombre que
iba desarmado y no había hecho nada para provocar arresto,
para no decir las 41 balas que le dispararon. Evidentemente, la
presencia de Amadou Diallo en la calle de un vecindario obrero
pobre fue suficiente provocación para los policías,
miembros de la Unidad Contra el Crimen Callejero del Departamento
de Policía de Nueva York. Era la labor de esta unidad,
cuyo lema es “La Noche es nuestra”, llenar cuotas de
arrestos y consfiscar armas.
Este fallo tan escandaloso fue producto de preparaciones muy
cuidadosas que el sistema jurídico ya había puesto
en marcha para asegurar que el jurado llegara al fallo “debido”.
El asunto empezó de buenas cuando una comisión de
jueces nombrada por una Corte de Apelaciones decidió el
diciembre pasado que el juicio de los cuatro policías tenía
que trasladarse a Albany, 150 millas al norte de la Ciudad de
Nueva York. Los jueces declararon que el enjuiciamiento de los
policías no podía llevarse a cabo con imparcialidad
en la metrópolis. Perversamente compararon al Bronx a una
“sociedad totalitaria” porque, según ellos, la
ira contra el abuso policíaco era tan popular que constituía
una influencia aplastante para que el fallo fuera de culpabilidad;
o sea, el resultado de un “espéctaculo”, no de
un juicio. Esta declaración orweliana declaró como
semejantes la indignación popular contra la malversación
del gobierno y la supresión estatal de los derechos democráticos.
El cambio de jurisdicción fue seguido por el nombramiento
del Señor Juez Joseph Teresi, quien presidiría el
caso en Albany. Las acciones de Teresi durante las diligencias
del juicio fueron casi una orden al jurado para que éste
concluyera con un fallo de exoneración. Luego de asegurarse
que los miembros del jurado estaban racialmente integrados con
tal de que al veredicto final no se le pudiera acusar de racismo,
el juez repetidamente anunció, durante las diligencias,
fallos que favorecían a la defensa. Esto culminó
en instrucciones al jurado que duraron cuatro horas, instrucciones
en las que elaboró tres justificaciones legales distintas
a favor de la policía. Tan afanado estaba Teresi por exonerar
a los policías que le dijo a los miembros del jurado que
ellos no podían considerar a los policías culpables
si éstos creían que habían tratado de prevenir
un robo—a pesar que no había evidencia alguna para
corroborar esta aseveración.
Las instrucciones del juez al jurado basadas en la justificación
de la auto-defensa dejó bien claro que el punto no era
si Diallo había presentado una amenaza para la policía.
El jurado, pues, sólo tenía que concluir que los
policías habían disparado porque subjetivamente
temían que Diallo sí representaba una amenaza, y
que cualquier “persona razonable” podía sentir
semejante temor. Invitó a los doce hombres y mujeres a
“ponerse en el lugar de los agentes”.
El efecto de esta teoría legal fue el de borrar todo
criterio objetivo para determinar si se había perpetrado
un homicidio, voluntario o no. Los policías declararon
que, al Diallo sacar la cartera de sus bolsillos de manera tan
frenética, temieron por sus vidas y éso constituía
suficiente razón para que fueran exonerados de todo crimen.
Pocas horas después que el jurado presentara su fallo,
Juez Teresi, por su propia cuenta, visitó a los abogados
de los policías donde éstos se hospedaban. Les expresó
su gratitud por la cooperación que le habían brindado
y les aseguró que todos siempre serían bienvenidos
en su tribunal de Albany. No le expresó la misma gratitud
ni al procurador ni a los padres de Diallo.
Las oficinas del Procurador (Fiscal) del Bronx también
jugaron un papel clave en los resultados del juicio, pues condujeron
un ataque tan débil que al jurado no le quedó otro
remedio que pensar que no creían en su propio caso. Los
procuradores permitieron que los abogados defensores presentaran
la versión policial de la matanza y rehusaron someter a
los policías, quienes testificaron individualmente desde
el banquillo, a un contrainterrogatorio enérgico.
La fiscalía presentó la causa más abstracta
y árida que se pudiera imaginar. No fue hasta el resumen
de los puntos sobresalientes del juicio que le suplicaron a los
miembros del jurado que se pusieran en el lugar de Diallo enfrentándose
a cuatro hombres armados, quienes muy bien le pueden haber parecido
ladrones atracadores. Pero lo que más daño causó
fue el silencio de los abogados del estado ante la defensa. Rehusarón
someter a contrainterrogatorio al último testigo de descargo,
perito policial quien dio fe que los policías no eran culpables
y que no habían cometido ningún crimen. Los procuradores
ni siquiera trataron de refutar el caso de la defensa.
La razón por el comportamiento de los procuradores no
es difícil de comprender. A los demandados no se les acusó
de haber cometido actos sadistas obviamente no relacionados a
investigaciones de acciones policíacas y que son imposibles
de absolver basándose en la auto-defensa, tal como sucedió
con el apaleamiento y sodomización de Abner Louima en el
baño de una jefatura de Brooklyn en 1997, o con la muerte
por estrangulación de Anthony Baez luego que su pelota
de fútbol rebotara contra un carro patrullero en el Bronx
en 1994.
La culpabilidad de estos cuatro policías surge directamente
de su labor como miembros de la Unidad Contra el Crimen Callejero.
Al alto mando policial, al gobierno del alcalde Rudolph Giuliani,
y al resto del establecimiento político se les puede acusar
de co-conspiradores de la muerte de Diallo. La campaña
furiosa por la ley y el orden durante la última década,
inclusive la criminalización de los pobres y la identificación
basada en la raza de la juventud negra e hispana, es la causa
de este homicidio.
La Fiscalía no iba a desenmacarar su propio papel en
los acontecimientos y el sistema que representa. El resultado
fue un caso en que el testigo principal había muerto y
sus asesinos defendieron su causa sin ninguna oposición.
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