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El silencio de Washington ante Pinochet
Por Bill Vann
10 Diciembre 1998
Dos meses después del arresto del general Augusto Pinochet
en Londres el gobierno norteamericano aún no se declara
públicamente en relación a la detención del
ex-dictador chileno y su posible extradicción a España
donde sería enjuiciado por crímenes contra la humanidad.
Varios gobiernos europeos han declarado su apoyo para tal juicio,
y algunos-como Francia y Suiza-también han contemplado
la extradicción de Pinochet, demandando que se le juzgue
en sus cortes por el asesinato de sus ciudadanos. El gobierno
de Clinton no ha expresado tal deseo.
El vocero del Departamento de Estado, James Rubin, declaró
recientemente que Washington "no está preparado aún
para dar su opinión sobre el valor legal" en el caso
de la extradicción de Pinochet. "Continuamos estudiando
las opiniones," dijo.
La única declaración explícita sobre el
caso Pinochet ha venido del secretario de estado Madeleine Albright,
cuando expresó la preocupación norteamericana sobre
"la democracia y la ley del derecho en Chile." Ella
dijo: "Pensamos que en Chile los ciudadanos de un estado
democrático están enfrentando un problema muy difícil
de cómo balancear la necesidad de justicia con los requerimientos
de una reconciliación. Creo que debemos respetar las conclusiones
a las que lleguen."
Eso es equivalente a una declaración de apoyo a la posición
del gobierno chileno de que Pinochet debe de ser puesto en libertad
y devuelto a Chile. Mientras que la prensa norteamericana ha mantenido
un virtual silencio en esta materia, la prensa europea ha informado
que el Departamento de Estado agresivamente está pidiendo
que el gobierno británico acceda a ese pedido.
Ni la prensa europea ni norteamericana han examinado lo que
"democracia" y "reconciliación" significan
en el contexto de la realidad chilena. Se trata de la reconciliación
entre los asesinos de Pinochet y los parientes de sus víctimas,
entre los torturadores y los torturados. Se trata de una "democracia"
que acepta que los militares están por encima de la ley
y que pueden asesinar a civiles con impunidad. En breve, se trata
de aceptar una sociedad en la cual la clase dirigente mantiene
apunta con un revolver a la cabeza de los trabajadores, amenazando
disparar cada vez que un desarrollo político o económico
pone en peligro su riqueza y poder.
Este es el estado "democrático" que el gobierno
de Clinto quiere mantener. Este es un fenómeno común
en América Latina, donde la transición de una junta
militar a un gobierno dirigido por civiles es disfrazado de democracia.
Estos gobiernos han emitido leyes de amnistía y "punto
final" que mantienen la estructura militar tal como fuera
entrenada y equipada por los Estados Unidos. Estas leyes protegen
a los militares de ser acusados por ejecuciones masivas en estadios,
la tortura de cientos de miles de personas, el robo de niños
de madres y padres que fueron asesinados, y muchos otros actos
de brutalidad dirigidos ante todo contra la clase obrera.
De todos los gobiernos del mundo, Estados Unidos es el que
tiene uno de los casos más claros para demandar la extradicción
y juicio del carnicero de Santiago. Además de los ciudadanos
norteamericanos Charles Horman y Frank Teruggi, quienes fueron
ejecutados por los militares chilenos durante el golpe de 1973,
el régimen de Pinochet es responsable del único
asesinato político en las calles de Washington, reconocido
por haber sido llevado a cabo bajo las órdenes de una potencia
extranjera.
En 1976 un carro bomba plantado por el agente de inteligencia
chilena Michael Vernon Townley-nacido en los EE.UU.-le quitó
la vida a Orlando Leterier, el exilado ex-ministro del gobierno
de Salvador Allende, y la de su asistente norteamericano, Ronni
Moffit. Townley confesó al crimen, así como también
a otros asesinatos e intento de asesinatos de oponentes del régimen
de Pinochet en Roma, Buenos Aires y Ciudad de México. A
cambio de involucrar a un grupo de cubanos anti-castristas, veteranos
de previas operaciones de la CIA, y de nombrar al coronel Manuel
Contreras, el jefe de la policía secreta chilena-la DINA-Towney
recibió una sentencia reducida y una nueva indentidad bajo
el programa federal de protección a testigos.
Contreras, quien fue sentenciado a prisión en Chile
en un intento de cerrar el caso, testificó que todas sus
acciones fueron llevadas a cabo bajo las órdenes directas
de Pinochet.
La política de Washington siempre ha sido demandar la
extradicción de aquellos acusados de llevar a cabo actos
de terrorismo y asesinato de ciudadanos norteamericanos, tanto
en territorio estadounidense como en el extranjero. Por ejemplo,
logró la extradicción de quienes llevaron a cabo
el bombardeo de las embajadas norteamericanas en Nairobi y Dar
es Saalam en agosto pasado, aún cuando la mayoría
de las víctimas no fueron ciudadanos de los EE.UU. Por
otro lado, ha demandado la extradicción de ciudadanos libios
que acusa de ser responsables de bombardear en 1988 el vuelo 103
de Pan American, , derribado sobre Escocia.
En 1989 el gobierno de Bush invadió Panamá, apresó
al jefe de estado, Manuel Noriega, lo trajo a los EE.UU., le abrió
juicio por tráfico de drogas y lo sentenció a prisión.
Entonces, ¿por qué los EE.UU. no tienen interés
en enjuiciar a tan gran exponente del terrorismo internacional,
como lo es Pinochet?
Sin duda, una preocupación importante es preservar la
actual situación política y estructura militar en
Chile y el resto de América Latina. Pero hay aún
una razón mayor para que Washington no desee llevar a juicio
a Pinochet. Muchos funcionarios de ayer y hoy del gobierno norteamericano
se encontrarían implicados con el dictador.
Cuatro figuras prominentes podrían ser llamadas a testificar
y posiblemente enfrentarían cargos criminales:
* Henry Kissinger, quien en 1970 dijo que no sabía por
qué los EE.UU. deberían "dejar que un país
se convierta en comunista debido a la irresponsabilidad de su
gente." Después de que fracasara en prevenir la elección
de Allende, Kissinger ordenó a la CIA que iniciara lo que
vendría a conocerse como "Track II", la preparación
y ejecución del golpe militar que llevó a Pinochet
al poder y donde miles de chilenos fueron asesinados, torturados
y encarcelados.
* Richard Helms, quien recibió órdenes directas
de Nixon para "salvar a Chile" valiéndose de
cualquier operación secreta necesaria para derrocar el
gobierno de Allende.
* General Vernon Walters, el ex-subdirector de la CIA, quien
trajo a Washington en agosto de 1975 a su contraparte chileno,
coronel Manuel Contrera, jefe de la DINA. A Walters, un fanático
anticomunista, se le atribuye haber coordinado el golpe militar
de 1964 en Brasil. Luego se mantuvo como un miembro activo de
operaciones contrarrevolucionarias en América Latina durante
los gobiernos de Reagan y Bush. Es prácticamente inconcebible
que no haya estado involucrado en planear la represión
y actos de terrorismo de Pinochet fuera del territorio chileno,
los cuales se llevaron a cabo bajo el nombre de Operación
Cóndor.
* George Bush, quien tomó control de la CIA en 1976
y la re-estructuró después de la crisis de Watergate.
Sin duda, el rol de Bush debe haber incluido encubrir el rol de
la CIA en los crímenes de Pinochet.
Además deben de haber cientos de figuras secundarias
del gobierno norteamericano que estuvieron involucrados en el
golpe de 1973 y los subsiguientes crímenes de Pinochet.
En una declaración reciente, el Departamento de Estado
dijo que los EE.UU. estaba preparando la des-clasificación
de "tantos documentos como sea posible" relacionados
a los crímenes de Pinochet. No debe caber la menor duda
que estos documentos serán revisados para eliminar u ocultar
"las fuentes y los métodos" de la CIA y otras
agencias norteamericanas. En otras palabras, el material será
censurado o prohibido para prevenir la identificación de
funcionarios norteamericanos directamente involucrados en la represión.
Cabe notar que en los documentos que ya se han hecho públicos
no hay referencia alguna al asesinato de Letelier y Moffit. Mientras
tanto, el asesino Michael Vernon Townley continúa bajo
protección del gobierno, sin conocerse su identidad ni
su paradero.
Existe otro motivo de preocupación para Washington.
Este teme que la extradicción y juicio de Pinochet puede
sentar un peligroso precedente para la detención, extradicción
y juicio de funcionarios norteamericanos acusados de crímenes
contra la humanidad en Vietnam, Centroamérica y el Golfo
Persa.
Washington ha exigido enérgicamente que se coordinen
esfuerzos contra el "terrorismo" y ha demandado la extradicción
de quienes define como terroristas que se oponen a su política
exterior. Pero el verano pasado el gobierno de Clinton reaccionó
hostílmente contra la formación en Roma de un tribunal
permanente para juzgar crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad. Se opuso a otras 133 naciones en firmar el
tratado que creó tal corte, después de que fracazó
en sus intentos de garantizar que ningún funcionario norteamericano
pudiera ser juzgado por dicha corte.
En un comentario reciente acerca de la actitud de Washington
hacia el caso Pinochet, el Washington Post dijo que muchos funcionarios
han sido "hostiles a Pinochet durante el último cuarto
de siglo" y que "nadie en el gobierno simpatiza con
el general."
Sin duda muchos, incluyendo a Clinton, quien inició
su vida política en el período de las protestas
contra la guerra en los años 60 y eran hostiles al gobierno
de Nixon durante el caso Watergate, han considerado a Pinochet
como una abominación. Cualquiera que hayan sido sus posiciones
políticas pasadas, estos ex-liberales se han convertido
en sus más entusiastas defensores.
Hablando de "democracia" y "reconciliación"
con el fin de liberar al ex-dictador, su fin en realidad es cubrir
los crímenes del imperialismo norteamericano y defender
el derecho de Washington para en el futuro llevar a cabo actos
de represión contrarrevolucionarios, en cualquier lugar
donde se amenacen los intereses de la clase dirigente norteamericana.
Ver también:
Lecciones polìticas del golpe
de Estado en Chile
Declaración de la Cuarta Internacional,
18 de septiembre de 1973
Una respuesta a los defensores
de Pinochet
[17 de Noviembre de 1998]
Entrevista con el Secretario
General de la Asociación de los Arrestados y Desaparecidos
en Chile: "El principio de la justicia y los derechos humanos
tiene que ser rescatado"
[12 noviembre 1998]
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